Más de 40 millones de mexicanos se encuentran en riesgo de enfermar por el consumo de agua proveniente de expendios rellenadores del líquido no regulados que, si bien pueden ser vistos como una solución económica para la población de bajos recursos, al final esto puede repercutir en un mayor costo por el cuidado de su salud, advirtió Francisco Bustamante, presidente de Agua en México.
“Desde hace muchos años, sabemos que en México el agua que llega a nuestros hogares no es para consumo humano, por lo que las familias tienen que buscar la manera de satisfacer su necesidad. Lamentablemente, ahí es donde los negocios dedicados a rellenar los envases de agua ponen en riesgo la salud de los mexicanos”, explicó el especialista en entrevista con EL UNIVERSAL.
Hasta 2022 había más de 24 mil rellenadoras a nivel nacional que operaban legalmente; sin embargo, se estima que habría hasta el doble de negocios ya que miles operan en la clandestinidad, pues abren diariamente sin avisos ni supervisión.
En esos negocios clandestinos, 70% de los envases analizados presentan algún tipo de contaminación, principalmente con bacterias coliformes provenientes de materia fecal, debido al mal manejo del personal, falta de mantenimiento y saneamiento de las instalaciones, así como por mala calidad de los botellones, revelan estudios realizados por Agua en México junto con el Instituto Politécnico Nacional.
Esto es gravísimo, destacó Bustamante, porque al final de cuentas se supone que son una solución al problema de no tener agua potable, pero están lucrando con la salud de la población.
Los riesgos de la persistencia de este problema son muchos, considerando que 2.8 millones de personas contraen enfermedades gastrointestinales en México al año principalmente por el consumo de agua contaminada. Además, de acuerdo con un estudio de la UNAM, cada año mueren 95 mil niños mexicanos por beber agua en mal estado.
Además, estos negocios consumen los recursos, lucran con ellos y no contribuyen con impuestos ni con programas de sustentabilidad hídrica de las cuencas.
La mayor existencia de estos negocios se da en las zonas más necesitadas del país. Por ejemplo, en la alcaldía de Iztapalapa, en la CDMX; en Chiapas y en las zonas urbanas de Guadalajara y Monterrey.
“Hemos visto que, en las zonas de menor poder adquisitivo, que son donde más recurren y donde más se instalan estas rellenadoras, son los que más riesgos tienen, porque no verifican, no tienen esta conciencia de consumo, porque no reclaman o no tienen los medios para alzar la voz”, reveló Bustamante.
Ante ello, consideró necesario mejorar la conciencia del consumo. “Como consumidores, debemos exigir. Podemos dejar de consumir en los establecimientos que no estén cumpliendo con las expectativas y la calidad de los servicios requeridos”, dijo.
Asimismo, reconoció que es difícil supervisar a esos negocios por la cantidad y proliferación que se da a nivel nacional. Hay campañas por parte de ciertas alcaldías y municipios, donde se revisa que cumplan con todo lo que marca la ley; sin embargo, “vemos que estas acciones son insuficientes”, agregó Bustamante.
Las autoridades, tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como la Secretaría de Salud, han invitado a la ciudadanía a denunciar. Si encuentran un negocio rellenador de agua que no cumple con las características básicas, hay que reportarlo a las autoridades.
“Nosotros mismos, como Agua en México, tenemos un apartado en nuestra página de internet donde intentamos canalizar las denuncias”, señaló.
Sobre cómo saber si estos negocios ofrecen agua que cumple con las características mínimas de calidad para el consumo, el especialista refirió tres condiciones básicas:
La primera es que el negocio esté dado de alta y tenga su aviso de funcionamiento ante la Cofepris. En segundo lugar, deben presentar y llevar a cabo pruebas bacteriológicas no mayores a seis meses. Por último, deben garantizar el uso de buenas prácticas, es decir, que las instalaciones estén limpias y que los empleados usen indumentaria adecuada, entre otras medidas.
En opinión de Bustamante, debe haber una regulación más severa, pero también más conciencia sobre la sostenibilidad. “El agua cuesta y cuesta cara, y cada vez nos cuesta más cara porque no estamos haciendo nada con relación a su gestión”, alertó.
La regulación debe ser tanto a nivel nacional como municipal. Los gobiernos locales tienen la obligación de vigilar que estos negocios estén cumpliendo con las características básicas, señaló.
Por su parte, los estados deben verificar que los municipios lleven a cabo esa responsabilidad, y vigilar que esos establecimientos cumplan las características en salud y buenas prácticas.
Asimismo, el gobierno federal tiene que estar coordinado con los diferentes niveles de gobierno para que se evite la venta de agua contaminada, sancionando a quienes no cumplan o a quienes busquen lucrar en detrimento de la salud de los mexicanos.
