José Buendía Hegewisch
López Obrador no pudo con el Ejército en Ayotzinapa
La investigación del GIEI sobre Ayotzinapa es como la clásica muñeca rusa que contiene dentro de ella a una más pequeña y ésta tiene a otra, y así hasta llegar a la más chica, que no se abre. Pero contrario a su simbología de fertilidad y alumbramiento, en la matanza de Iguala es un signo de oscuridad impenetrable por la obstrucción a la justicia y los pactos de impunidad. Ojalá que su trabajo sirva al Estado y la sociedad para una reflexión que cambien ese sentido.
El GIEI, dependiente de la CIDH, se despide del país sin poder resolver el enigma de qué pasó en la “noche de Iguala” y el destino de los 43 estudiantes desparecidos. No obstante, sus informes de 8 años de colaboración inédita con la Fiscalía mexicana en un caso como éste alumbran el modus operandi dentro del Estado para ocultar la verdad y encubrir a los responsables, lo mismo con engaños, como el de la “verdad histórica” de Peña Nieto desmontada por el GIEI, que con ocultamiento de información en el actual sexenio.
Por eso se van del país sin dar respuestas claras a las familias de los estudiantes. Fue la opacidad de las autoridades lo que impidió avanzar más porque —como denuncian— López Obrador se comprometió a que se entregara toda la información necesaria, pero la Sedena y la Marina han negado “documentos que sabemos que existen y que son esenciales”. Y el Presidente lo sabe.
En efecto, él ordenó públicamente al Ejército, el 29 de septiembre de 2022, abrir los archivos que fueran necesarios para la investigación, ante las denuncias del GIEI contra la Sedena por negar información y la FGR por obstruir el caso. Contrario a ello, la presión de López Obrador por apurar el caso y cerrarlo lo antes posible provocaría distorsiones en el proceso de la investigación, la fractura del GIEI y la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, de la FGR, el año pasado.
En su sexto y último informe —esta semana—, el GIEI volvió a apuntar al Ejército y a la Marina dentro de los implicados y responsables del ataque, pero esta vez profundiza la duda sobre la intervención presidencial para obligar a la Sedena a abrir sus archivos. La pregunta que deja su salida es si la orden que diera al Ejército como comandante supremo de las Fuerzas Armadas fue una prescripción simulada o los militares desoyeron sus mandatos. Cualquier respuesta es mala porque exhibe que el fracaso no es sólo del GIEI, sino también del Estado y su compromiso de hallar a los estudiantes, de cuyos restos sólo se han encontrado huesos de tres de ellos.
A pesar de los resultados, la colaboración del GIEI ha servido para develar la forma de operar de corporaciones policiacas, fiscalías y del Ejército para asegurar impunidad sobre delitos tan graves como los de Ayotzinapa. El GIEI presentó un mapeo de movimientos desconocidos de militares durante el ataque y documentos nuevos sobre el espionaje castrense al cártel de Guerreros Unidos, involucrado en los hechos, que desmienten sus dichos sobre ignorar lo que sucedía en Iguala la noche del crimen (26 de septiembre de 2014); señala la complicidad de marinos en la maquinación de la “verdad histórica” con la que Peña Nieto trató de cerrar el caso, y amplía la perspectiva sobre los pactos de impunidad en distintos niveles del Estado.
Toca ahora conocer la reacción del Ejército, que siempre tuvo animadversión hacia el GIEI, con críticas como hacerle reclamos absurdos y crear controversias sobre sus solicitudes de información. Y también qué hará el gobierno y la FGR con una investigación abierta y el compromiso de resolver un caso que es casi símbolo de los grandes obstáculos de la procuración de justicia. La colaboración del GIEI es la más importante en procuración de justicia sobre un crimen de lesa humanidad en el país, ¿cómo piensa aprovechar y seguir la FGR hasta cumplir la promesa presidencial de dar con los estudiantes y los responsables de su muerte? ¿Qué impacto hay en la sociedad?
Pero, sobre todo, falta conocer la posición de las familias de las víctimas de Ayotzinapa, que podrían acudir a la justicia internacional. El caso no está cerrado y los delitos de desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad pueden concurrir a la CIDH o a la Corte Penal Internacional. ¿Hasta allá tendrán que ir por justicia?
