Especial
CIUDAD DE MÉXICO.- No hay mexicano que no esté ligado a los mineros del carbón y reciba beneficios de su labor. Estos trabajadores se dedican a una de las actividades más peligrosas en el mundo. El riesgo de perder la vida es enorme y la posibilidad de sufrir daños físicos es de las más altas en el mundo.
En Coahuila se produce el carbón que México ha necesitado para generar energía eléctrica, acero y en su momento la fuerza para mover las locomotoras. La entidad ha recibido poco de las ganancias de este negocio, pues durante muchos años las compañías extranjeras dominaron la escena y se llevaron la riqueza a sus naciones de origen. Los daños al ambiente son evidentes y la pobreza de los trabajadores lacera.
La situación de riesgo es particularmente grave en la explotación en minas conocidas como “pocitos”, descritas por el Servicio Geológico Mexicano como: “un sistema rudimentario que consiste en un pozo vertical de aproximadamente dos metros de diámetro y profundidades de 30 hasta 70 metros”.
Estos pozos son altamente redituables para sus dueños. Ellos no invierten en medidas de protección e incluso en muchas ocasiones no pagan seguridad social y, para colmo, los salarios se cubren en efectivo.
Este tipo de extracción ha proliferado en los últimos años y se explica cuando observamos que al cierre de las grandes minas de la región los contratos de carbón se mantuvieron y, por lo tanto, la carga de la producción se pasó a centros de explotación más pequeños.
En 2020 la CFE anunció la compra de dos millones de toneladas de carbón, en la cual el 73 por ciento sería adquirida a micro y pequeños productores; es decir, algunas de ellas provendrían de minas de tiro vertical; el 16 por ciento a los medianos y solo 10.93 por ciento a los grandes productores. En la región no falta quien engaña a la paraestatal y, ante la imposibilidad de cubrir el contrato, adquiere en la clandestinidad carbón que sale de minas irregulares.
No estoy abogando por las grandes minas y menos después de lo acontecido en Pasta de Conchos, pero la posibilidad de sobrevivir a un accidente en un pocito, es de cero. Luisa María Alcalde dijo alguna vez en la tribuna de San Lázaro: “los pocitos, que operan principalmente en el estado de Coahuila, se han convertido en semilleros de lesionados, de heridos y mutilados de toda índole, de viudas y huérfanos, y constantemente, también de fortunas mal habidas, de narcotráfico, de impunes y de familias millonarias”.
Las malas condiciones laborales explican la alta mortalidad de los accidentes en pocitos. En agosto del año pasado, en la mina Pinabete de Sabinas, murieron 10 mineros que quedaron atrapados debido a una inundación. Sus cuerpos no han podido ser rescatados. Menos de un año después, hace unos días, sucedió otro accidente en un pozo del municipio de Múzquiz, en el que perdieron la vida dos trabajadores. Esto hace evidente la asesina permisividad de la explotación minera en pocitos.
Es momento de evitar que sigan sucediendo estos homicidios laborales. Hace unos días presenté un punto de acuerdo exhortando al Senado a dar trámite inmediato a una minuta enviada por la Cámara de Diputados hace ¡11 años! En ella se contiene la prohibición para extraer carbón de “pocitos”.
Cada vida que se pierde es una tragedia. Evitemos la siguiente.
