Jorge Fernández Menéndez
Garza Sada y apología de la guerrilla
El 17 de septiembre próximo se cumplirán 50 años del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, ejecutado en un intento de secuestro por un grupo armado en Monterrey. El asesinato de Garza Sada no fue un acto cometido por “jóvenes valientes”, como dijo el historiador Pedro Salmerón, uno de los padres de los nuevos libros de texto, o una acción legítima más de los movimientos armados en México, como lo hace, en medio de una apología de la lucha armada de aquellos años, el libro de texto Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro, que publica la SEP. Es la suya una visión falsa y mentirosa.
Vivimos en una democracia, limitada en muchos sentidos, desafiada casi a diario, imperfecta, pero con normas, derechos y libertades que deberían respetarse por todos, pero sobre todo por el gobierno. En los libros no se reivindica la lucha democrática, sino la lucha armada para conquistar el poder: los secuestros de aviones y personas, las ejecuciones, los atentados. La reconstrucción de la historia nacional en la década de los 60 y 70 no se condice siquiera con la verdadera historia de aquellas organizaciones.
En el libro se miente hasta con los términos: el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada es descrito como un intento de “retención” del empresario. Tampoco se dice que Garza Sada fue asesinado, sino que “murió” junto con su chofer y dos elementos del comando guerrillero
El asesinato de Garza Sada es paradigmático, porque desde un año y medio antes de su muerte, a manos de integrantes de la Liga 23 de Septiembre, el gobierno de Luis Echeverría, que tenía infiltrada a esa célula, conocía toda la preparación de ese intento de secuestro que terminó en asesinato, sabía quiénes participarían, cómo y dónde. Y no es una suposición, como lo mostramos en el libro Nadie supo nada (Grijalbo, 2019, en su nueva edición), todo está documentado por memorándums de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad.
Durante el gobierno de Fox, revisando la documentación de la Dirección Federal de Seguridad, que había sido trasladada al Archivo General de la Nación, en el antiguo Palacio de Lecumberri, había encontrado los documentos que permitían confirmar que la muerte del presidente de la Cervecería Cuauhtémoc y líder empresarial del llamado Grupo Monterrey, había sido una acción consentida, conocida previamente y realizada con el visto bueno del gobierno en turno, que encabezaba Luis Echeverría.
En el documento de la DFS, desclasificado y marcado con el expediente 11-219-972, en el legajo dos, hojas 46 y 47, se puede leer un detallado informe enviado por el representante de la DFS en Nuevo León, Ricardo Condelle Gómez, titulado Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos.
Allí se puede leer que Manuel Saldaña Quiñonez (alias Leonel) “fue reclutado, dice el documento, como profesional de la guerrilla por Héctor Escamilla Lira (alias Víctor) en septiembre de 1971. Leonel, dice el documento, era informante de la DFS. Fue trasladado de Monterrey a una casa operativa del Distrito Federal y describe con pelos y señales lo que ocurría en la “casa número 18, apartamento 5 de Casas Grandes, colonia Narvarte”, donde vivían y se reunían los dirigentes de la organización que, con el paso del tiempo, se transformó en la Liga 23 de Septiembre. En el documento se relata el contenido de las reuniones de esa organización y se dice que “aproximadamente el 4 de diciembre (de 1971) efectuaron una junta donde (…) propusieron efectuar el secuestro de una persona que pagara inmediatamente un rescate de varios millones de pesos para comprar más armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios…”. Se designó a Héctor Escamilla Lira como responsable de la operación. También a un grupo de entre 10 y 12 personas para efectuar el operativo. Todos están identificados en ése y en documentos posteriores. En uno de ellos, de febrero del 72, se dice que “el 8 de diciembre del 71, Leonel regresó a Monterrey y supo por boca de Víctor (Escamilla Lira) que los señores Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera serían las personas que el grupo trataría de secuestrar”.
Escamilla Lira fue detenido en Culiacán. En su declaración ratificó y amplió en todos sus detalles el informe confidencial que había recibido la DFS. Dice que se volvió a encontrar con Leonel antes del secuestro y que éste había admitido que había sido detenido y “se había visto obligado denunciar al exponente (o sea, Escamilla) como uno de los participantes” en el comando y que “obtuvo su libertad mediante el compromiso de continuar proporcionando información a la policía”.
Escamilla era vigilado, dicen los documentos, por la propia DFS, pero no fue detenido sino hasta después de los hechos. Confesó que él tenía la responsabilidad de vigilar los movimientos de Garza Sada y de organizar el secuestro. Que él mismo decidió el lugar y la fecha del operativo, pero que unos días antes del mismo fue enviado a Tampico porque la célula en la que participaba consideraba “que ya había sido descubierto por la policía”. En Tampico, en cuanto llegó a la ciudad, fueron detenidas su esposa y otro miembro de la Liga 23 de Septiembre. Aunque la célula encargada del secuestro siguió viviendo en sus mismas casas y no modificó ni la fecha ni la hora ni el lugar del operativo, nadie fue detenido. Se les permitió que siguieran adelante con su plan. Garza Sada y su chofer fueron asesinados cuando se enfrentaron a los secuestradores.
La historia confirma que hubo participación y tolerancia del gobierno de Echeverría e, incluso, que se conocía previamente, al detalle, lo que ocurriría. Fue un crimen cobarde.
