Un juez federal en Estados Unidos aseguró este martes que la decisión sobre la legalidad de la barrera flotante de boyas colocada por el estado de Texas sobre el cauce del Río Bravo, estará limitada a consideraciones técnicas sobre la naturaleza de dichas estructuras y la gobernanza de las aguas del río.
En una audiencia en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas para analizar la demanda de la Administración Biden para el retiro del llamado «muro flotante», el Estado de Texas intentó infructuosamente defender ante el juez su necesidad para detener el tráfico de personas y narcóticos desde México.
«Estamos aquí con el propósito de determinar si esto (el muro flotante) es una barrera a la navegación y si (el Río Bravo) es de una vía navegable», dijo el juez federal David Ezra según medios locales que estuvieron presentes en la sala de audiencias en Austin el martes por la mañana y tarde.
De acuerdo con la determinación del juez Ezra, tanto el Gobierno federal como el Gobierno de Texas deberán presentar sus argumentos finales en torno a la permanencia de las boyas por la vía escrita antes de la tarde del viernes y sólo entonces él decidiría sobre el retiro o no de dichas estructuras.
Luego de la instalación de las boyas a principios de julio por órdenes del Gobernador republicano Greg Abbott, el Departamento de Justicia de EU presentó una demanda legal para su retiro argumentando que estas violan la Ley de Ríos y Puertos de 1899 que da al Gobierno federal potestad sobre aguas navegables.
Durante su argumentación, la defensa del Gobernador Abbott, encabezada por el abogado Patrick Sweeten, intentó argumentar que la porción del Río Bravo sobre la que se colocaron las boyas a la altura de Piedras Negras, Coahuila, no es como tal un cuerpo de aguas navegables por lo que la Ley federal no aplica.
En la audiencia, el Gobierno federal también presentó a Hillary Quam, coordinadora para asuntos fronterizos entre México y EU del Departamento de Estado de EU, quien explicó a la Corte de viva voz las preocupaciones que el Gobierno mexicano ha planteado ante la Administración Biden por las boyas.
«Un tema como este distrae la atención de la agenda binacional…México no estará ahí (disponible para colaborar con EU) en otros temas en tanto este problema persista», dijo Quam según los medios locales.
La funcionaria del Departamento de Estado de EU también aseguró al comparecer como testigo que el Gobierno de México ha presentado tres notas diplomáticas en torno a la instalación de las boyas y que el asunto ha sido discutido a los más altos niveles entre los dos países.
Al tiempo que ha exigido su retiro del cauce del Río Bravo, el Gobierno mexicano dijo desde finales de julio que el llamado «muro flotante» instalado por Texas es violatorio de dos instrumentos legales firmados por ambos países: el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y el Tratado de Límites de 1970.
Ante las preocupaciones sobre que las boyas habrían invadido territorio mexicano, el Gobierno de Texas presentó ante el juez el testimonio de un empleado de la compañía contratista Cochrane USA quien por 850 mil dólares colocó las boyas y quien además aseguró haberlas colocado dentro de los límites de EU.
Sin embargo, EU reveló los resultados de un estudio topográfico llevado a cabo de forma conjunta por la Sección Mexicana y la Sección Estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) establecen que 79 por ciento del «muro flotante» estaba en territorio de México.
