Tras ataques a la alcaldesa Tania Flores y su familia
Karla Cortez
La Prensa
MÚZQUIZ, COAHUILA. – En respuesta a los constantes ataques y agresiones que han afectado tanto a la administración municipal como a su persona y familiares cercanos, Tania Vanessa Flores Guerra, alcaldesa de Múzquiz, ha obtenido una orden de restricción ante las autoridades competentes. Esta medida, que entró en vigor recientemente, busca salvaguardar su integridad y la de su familia.
Flores Guerra explicó que, si bien ha tolerado críticas hacia su gestión, la situación se volvió alarmante cuando la ex trabajadora del municipio, Mónica Escalera Mendoza, adoptó un enfoque obsesivo no solo hacia la administración, sino también hacia la alcaldesa, su familia, hijos, sobrinos, hermana y madre. La línea entre lo político y lo personal quedó claramente traspasada cuando las acciones de Escalera se volvieron más agresivas y atentaron contra la privacidad y el respeto de la alcaldesa y sus seres queridos.
La alcaldesa destacó que la conducta de Escalera y su interferencia en la vida personal de otros demuestra una falta de valores y respeto hacia la ciudadanía que reclama defender. Señaló que aquellos que pretenden servir a la comunidad no deberían recurrir a la difamación y la agresión personal como medio para expresar sus opiniones.
En cuanto a la auditoría especial en curso realizada por la Auditoría Superior del Estado, Tania Vanessa Flores Guerra expresó tranquilidad y satisfacción. Considera que esta evaluación será una oportunidad para demostrar que no ha habido irregularidades en el manejo de las finanzas municipales, desmintiendo así las acusaciones de Mónica Escalera.
Es importante destacar que las difamaciones y ataques lanzados por Escalera han tenido repercusiones directas en el municipio. Algunos proveedores señalados en estos ataques han decidido suspender su colaboración con Múzquiz, afectando servicios esenciales como la recolección de basura, que se ha visto interrumpida en algunos días. Los ciudadanos expresan su preocupación por cómo estos conflictos internos están impactando negativamente en su calidad de vida y en la operación de servicios clave para la comunidad.
