Argumentan ‘ilegalidades’ de juez
Por Staff
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que apelará la resolución de un juez federal que suspendió el proceso judicial contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya por el delito de lavado de dinero en la compra de la planta de Agronitrogenados.
Pero también anunció que presentará una queja y acciones legales en contra de lo que consideró fue una decisión ilícita, injusta y notoriamente parcial del Juez de Control federal de Ciudad de México, Gerardo Genaro Alarcón López, el pasado 1 de septiembre.
«Al decretar la suspensión del procedimiento en contra de Emilio ‘L’, (el juez) violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que señalan los artículos del 186 al 190», se aseguró.
«Además, viola preceptos terminantes de la Ley de Amparo y del Código Nacional, produciendo un grave daño a las víctimas y una ventaja indebida al procesado».
El 1 de septiembre pasado, sin pagar un dólar y gracias a un arreglo previo del empresario Alonso Ancira con el Gobierno federal, un juez decretó dejar de instruir el proceso por lavado de dinero en contra de Lozoya.
Una de las condiciones que tomó en cuenta el juez Alarcón López es que Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya está pagando la reparación del daño por la compraventa ilícita que se realizó en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
Asimismo, el juez aplicó una tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro que considera que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado beneficia al resto de involucrados que no lo acordaron.
Argumenta FGR ‘ilegalidades’ de juez
La FGR respondió que estas razones no tienen sustento legal, porque la reparación del daño de Alonso Ancira no se ha cumplido íntegramente, ni ha sido aceptado explícitamente por las víctimas.
«Tampoco señaló el juez que a Emilio ‘L’ se le acusa de haber recibido un soborno de Alonso ‘A’ por cerca de 4 millones de dólares, cometiendo así el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita al utilizar dicha suma para adquirir una residencia de gran lujo en la Ciudad de México, de lo cual no ha reparado el daño causado», se añadió.
«El juez, en su determinación, se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México. En cambio, el juez sí actuó ilegalmente al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en las jurisprudencias vigentes su acuerdo».
La institución federal insistió que a Alonso Ancira se le procesó por la venta de la planta a Pemex en un valor desmesurado e injusto en 2013, y a Emilio Lozoya, además, por haber recibido un soborno de millones de dólares para que Pemex la comprara.
El 19 de abril de 2021, Ancira obtuvo la libertad condicional, tras pactar un acuerdo reparatorio de 216.6 millones de dólares a pagar en un plazo de tres años, de los cuales ha cubierto 104.1 millones de dólares.
Pese al fallo del juez, Lozoya continúa en el Reclusorio porque tiene en curso otro proceso por el caso Odebrecht por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por un monto de 7.3 millones de dólares.
