Alexis Massieu
La Prensa
Tras ser acusado de atacar con piedras y botellas a un automovilista que accidentalmente se llevó arrastrando su motocicleta, un juez penal vinculó a proceso el día de ayer, a Luis Emmanuel “N”, por el delito de lesiones y daños a propiedad ajena, estimándose en 85 mil 795.69 pesos, las afectaciones, que junto a un grupo de personas sin identificar, le habría dejado en su camioneta.
De acuerdo a la imputación que realizó el Ministerio Público en contra del motociclista, eran cerca de las 01:30 horas del día primero de abril, del presente año, cuando en el estacionamiento del bar Happy, localizado sobre el bulevar Pape, tras arrancarse y chocar la motocicleta de Luis Emmanuel “N”, el afectado, identificado como Héctor Javier, fue atacado por él, y un grupo de personas aún sin identificar.
Tras chocar la motocicleta, Luis Emmanuel “N”, golpeó el cristal de la ventanilla del lado conductor, la cual bajó la víctima, para poder decirle que le iba a hablar al del seguro, sin embargo; usando los cascos de las motos, piedras y botellas, comenzaron lapidar la camioneta Toyota Rab, de reciente modelo, quebrándole y dañando entre otras cosas, los costados de la unidad, los vidrios de las puertas, y el parabrisas.
Agentes de la policía municipal, arribaron al lugar tras el reporte que se les hizo de un accidente, llevando a cabo la detención de Luis Emmanuel “N”, sin embargo, hasta ese momento, solamente se habían tomado acciones legales en cuanto al percance, siendo al día siguiente, que el padre de Héctor, propietario de la camioneta, acudiría a presentar su denuncia ante el Ministerio Público.
Durante todo lo que fue la etapa inicial del proceso inicial que se inició en su contra, identificado como la causa penal 1359/2023, Luis Emmanuel “N”, se negó a declarar, haciendo valer su derecho a guardar silencio.
El juez que lleva el caso, consideró que había suficientes pruebas en ese caso, para dictarle al motociclista un auto de vinculación a proceso por las lesiones y los daños que se le causaron a la víctima y a su padre, dándole, tanto al Ministerio Público, como a la defensa del acusado, un plazo de 3 meses para que lleven a cabo una investigación complementaria, tras los cuales se reanudarán las audiencias.
