Por Milenio
La Prensa
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto por el que se expropiaron ejidos y terrenos por causa de utilidad pública en el sureste del país a favor de Fonatur Tren Maya.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se expropia la superficie de 57-17-70 hectáreas del ejido Tenabo, estado de Campeche; y la superficie de 19-47-41 hectáreas del ejido de Tixkokob, estado de Yucatán.
Además, se expropia la superficie de 12-02-28 hectáreas del ejido El Cañavera y 30-48-34 hectáreas del ejido Villa de Guadalupe, ambos en el municipio de Champotón, Campeche.
También, la superficie de 13-06-17 hectáreas del ejido Sisbicchén, municipio de Chemax, la superficie de 12-33-11 hectáreas del ejido Tesoco, municipio de Valladolid y la superficie de 00-32-01 hectáreas del ejido San Francisco, municipio de Tinum, los tres en el estado de Yucatán.
Asimismo, se expropió la superficie de 96-31-24 hectáreas del ejido Conhuas, municipio de Calakmul, en Campeche y la superficie de 215 mil 171.16 m2 para la construcción del Tramo 2 del Proyecto Tren Maya, correspondiente a 75 inmuebles de propiedad privada, en los municipios de Escárcega, Champotón y Campeche.
El gobierno federal recordó que el Tren Maya es el proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo más importante del presente sexenio.
Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
Además, indicó en el Diario Oficial de la Federación, es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
En este contexto, se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores, se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos, se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.
