Un tribunal de apelaciones revocó una orden que le exigía a Texas retirar una barrera flotante en el río Bravo que provocó denuncias de México, en el capítulo más reciente de una batalla legal entre el presidente Joe Biden y el gobernador texano Greg Abbott, por el control de la frontera.
En diciembre, un panel dividido de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito dio la razón a un juez federal quien había dicho que las boyas tenían que ser removidas. El miércoles, otro tribunal anuló el fallo de dos contra uno, cuando una mayoría de sus 17 jueces activos votaron para volver a escuchar el caso.
Las boyas, conectadas entre sí y ancladas con bases de concreto, tienen una longitud aproximada de tres canchas de fútbol. Texas las instaló a lo largo de la frontera con México, entre Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila.
La barrera flotante es uno de los puntos en la disputa entre el presidente Biden y Abbott. El gobierno federal también está abogando por el derecho de cortar el alambre cortante en la frontera y por tener acceso a un parque municipal que Texas cercó.
El gobernador de Texas ha criticado duramente el manejo por parte del presidente demócrata de laoleada récord de migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.
Respecto a la apelación, el Quinto Circuito dijo que escucharía los argumentos del caso en mayo. La mayoría de los 17 jueces activos del tribunal son designados por presidentes republicanos, pero dos de los tres jueces que decidieron el caso en diciembre fueron designados por demócratas.
El despacho de Abbott, la oficina del fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La barrera flotante es parte del esfuerzo más amplio de Abbott para disuadir y castigar los cruces fronterizos ilegales, conocido colectivamente como Operación Estrella Solitaria.
Texas ha colocado cercas de alambre en propiedades privadas a lo largo de la frontera, ha trasladado en avión o en autobús a decenas de miles de migrantes a ciudades y estados liderados por los demócratas y recientemente aprobó una ley que autoriza a los funcionarios estatales a arrestar, procesar y deportar a personas que crucen la frontera ilegalmente.
Todas esas medidas han generado batallas judiciales entre Texas y el Gobierno de Biden y grupos de derechos civiles.
