Procedentes de Nuevo León y Tamaulipas, fueron vinculados a proceso, pero cubrieron dicha cantidad para no ir a prisión
Alexis Massieu
La Prensa
Por los delitos de posesión simple de narcóticos, y violencia contra miembros de los cuerpos de seguridad, dos presuntos “polleros” originarios de Nuevo León y Tamaulipas, fueron llevados ante un juez penal el día de ayer y vinculados a proceso, los cuales pagaron 21 mil 714 pesos cada uno, como multa para poderse librar de la cárcel.
Tras ser detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el pasado 4 de febrero, aproximadamente a las 17:30 horas sobre la carretera 57 a la altura del kilómetro 42 en el municipio de Escobedo, Jonathan Alejandro, y Everardo “N”, fueron puestos a disposición del Poder Judicial para que fueran juzgados.
Según lo que dio a conocer el Ministerio Público en la que fue la audiencia inicial del breve proceso penal, el aseguramiento se llevó a acabo por parte de los oficiales de la AIC, luego de ver dos vehículos tipo vagoneta circular a contra flujo a exceso de velocidad, en donde una de ellas estuvo a punto de chocar contra su unidad, razón por las que se les marcó el alto, y al no obedecer, les cerraron el paso.
Al abordar a los imputados, supuestamente, se tornaron agresivos y agredieron a un oficial al que derribaron y alcanzaron a darle algunas patadas que le dejaron lesiones calificadas como levísimas por el médico legista, siendo entonces que al someterlos para su aseguramiento, a Jonathan Alejandro, le encontraron 14 bolsitas con droga de la llamada cristal, y a Everardo, 11, con la misma sustancia.
Pese a que en principio ocultaron su identidad, dando nombres falsos, trascendió, que ambos vivían en Monterrey Nuevo León, y que las ‘placas de las dos camionetas eran de esa misma entidad, y que uno de los implicados, había trabajado como policía municipal en Tamaulipas.
Cuando llegó el momento en que podían declarar para contestar a los cargos que les levantó el Ministerio Público, por consejo de sus abogados, ambos imputados decidieron guardar silencio, y en lugar de pedir tiempo para preparar su defensa, pidieron al juez que les resolviera su situación legal en ese momento.
El juez tomando en cuanta las pruebas que aportó el Ministerio Público dictó un auto de vinculación a proceso, y a atendiendo la petición del Ministerio Público, les impuso a los acusados la medida cautelar de prisión preventiva, lo cual los llevaría a ser internados en el penal de la Ciudad de Saltillo.
Sin embargo, apenas dictado el auto de vinculación a proceso, la defensa le solicitó al juzgador, la oportunidad de terminar con el juicio vía una salida alternativa, conocida como acto equivalente, dado que las penalidades por posesión y violencia contra miembros de seguridad no se muy altas, y no hubo víctimas del delito como tal, más que la sociedad y la salud pública.
Por esa razón, se les fijó una multa de 200 unidades de medida y actualización (UMA’s) para cada uno, equivalentes a 21 mil 714 pesos, las cuales les permitirían salir de la cárcel y darle carpetazo a su asunto, una vez que fueran pagadas, señalándole al juez, que lo harían de inmediato.
Cabe aclarar, que pese a que extra oficialmente se presume que los dos choferes se dedican a transportar indocumentados, durante la audiencia no se especificó, si a bordo de las unidades que fueron aseguradas, llevaban o habían llevado este tipo de pasajeros a la frontera.
