EL UNIVERSAL. En los últimos años, las prohibiciones relacionadas con el vapeo han experimentado un notable aumento, mientras que la necesidad de regular los dispositivos se ha vuelto imperativa. Este crecimiento se ha visto impulsado por la proliferación de un mercado negro, predominantemente liderado por el crimen organizado y que afecta la salud pública notablemente. En este contexto, el presidente de México ha mantenido una postura constante en sus conferencias matutinas, donde insiste en que la prohibición es su principal prioridad en materia de regulación. De hecho, esta medida se encuentra entre las principales propuestas de reforma dentro de su agenda gubernamental.
El mismo gobierno ha mencionado que acciones de reducción de riesgo no son viables con temas de tabaquismo, pues a pesar de la evidencia científica que comprueba lo contrario, dice “son peores que los cigarros”. Aun así, estudios en diferentes países han puesto esta política como una opción viable en la lucha contra el tabaquismo, en donde los únicos dos caminos no son únicamente prevención y cesación, sino existe el camino de disminución de daños¹. Esto es algo que aplica incluso a otros sectores: es un hecho que los comportamientos poco saludables, como la mala alimentación y el consumo de tabaco y alcohol, contribuyen a la carga de morbilidad y al aumento de los costos de atención médica, y que cambios en el comportamiento pueden ayudar a aliviar esta carga. Un estudio del investigador Alejandro Espinosa Herre del IPADE menciona que utilizando el Modelo Integrado de Riesgos Prevenibles se modeló que el 50% de los fumadores que cambia a cigarrillos electrónicos/tabaco calentado tienen entre un 65 % y un 97 % menos de riesgo de enfermedades coronarias, cerebrovasculares, cáncer, diabetes e hipertensión.
De acuerdo con este enfoque y analizando los comportamientos de riesgo, se estima que cada año se podrían prevenir más de 650.000 casos, principalmente mediante modificaciones en la alimentación, como el aumento del consumo de frutas y verduras, la reducción de grasas y sal. Además, se destacan los ahorros significativos en los costos de atención médica, alcanzando los $3.4 mil millones de dólares, de los cuales $2.800 millones se atribuyen a mejoras en la nutrición y $300 millones a la reducción del tabaquismo.
Hacer que los mexicanos adopten dietas más saludables, moderen su consumo de alcohol y cambien a productos de tabaco o nicotina sin combustión podría reducir sustancialmente la carga de morbilidad y los costos de atención médica. Estos hallazgos subrayan el imperativo económico de promover conductas de riesgo reducido a través de políticas de salud pública.
Actualmente, existe en México una fuerte polémica en torno a los vapeadores ycigarros electrónicos. Mientras el gobierno del presidente López Obrador insiste en promover políticas de prohibición generalizada de esos productos, expertos y consumidores abogan por una política regulatoria que ordene el mercado y promueva un consumo informado.
Los argumentos que ofrecen quienes se oponen a la prohibición están alineados a lo que el estudio de Espinosa Herrera plantea: que, si los fumadores adultos cambian de cigarros comunes a cigarros electrónicos, vapeadores o dispositivos de tabaco calentado podrían evitarse muchos casos de enfermedades asociadas al hábito de fumar. Esta afirmación encuentra soporte en la experiencia de países con regulaciones más progresistas, en los que el gobierno, lejos de prohibir, fomenta que los fumadores adultos tengan acceso a estos productos alternativos al cigarro para ayudarles a reducir los riesgos de desarrollar enfermedades.
