Por Reforma
La Prensa
La violencia criminal, la «ilegal» utilización de programas sociales con fines electorales y la «intromisión» presidencial amenazan el proceso electoral en curso, advierte el Observatorio Ciudadano.
En el «Reporte inicio de campañas», difundido ayer, la organización señala que la violencia representa un riesgo para la seguridad de los candidatos.
Es indispensable, subraya, que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno coordinen su acción y garanticen la protección de quienes participan, directa o indirectamente, en el proceso y las campañas electorales.
Sobre los programas sociales, el Observatorio Ciudadano alerta que autoridades federales, estatales y municipales los están usando para coaccionar o comprar el voto.
«Es una de las mayores amenazas a la integridad de este proceso electoral. Hacemos un llamado a sus beneficiarios para rechazar y denunciar cualquier presión, intimidación o condicionamiento que reciban de cualquier autoridad o persona», exhorta.
«Y pedimos al INE difundir mensajes en TV y radio para orientar a los ciudadanos en este tema. Exigimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno suspender de inmediato toda acción no urgente relacionada con los programas sociales y sus beneficiarios».
El Observatorio, en el que participan investigadores y académicos como Jorge Alcocer, Jaime Cárdenas, José Ramón Cossío Díaz, María Marván, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés, también considera necesario poner en «receso inmediato» a los llamados «Servidores de la Nación».
«Deben cancelar sus actividades hasta que concluya la jornada electoral del domingo 2 de junio», exige la organización.
Pese a la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias, enfatiza el Observatorio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador persiste en entrometerse en el proceso electoral para favorecer a su partido y a sus candidatos.
«La neutralidad electoral de los servidores públicos no es optativa, es una obligación constitucional. Nuevamente exigimos al Presidente, a los gobernadores, presidentes municipales, y a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno y poderes públicos, cumplir con el mandato constitucional», se demanda en el documento.
