Por El Financiero
La Prensa
Autoridades estatales y federales buscarán imputar por homicidio doloso a policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSP-Guerrero) por la muerte de un normalista de Ayotzinapa, el 7 de marzo, en Chilpancingo, confirmaron autoridades.
No obstante, aún falta deslindar responsabilidades para establecer cuántos elementos de la policía estatal están implicados en el caso y cuál o cuáles de ellos son los que habrían disparado contra la víctima identificada como Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años.
Por lo pronto, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo ya por completo el caso al señalar que “se tienen indicios suficientes” de la existencia de delitos de violación a los derechos humanos.
Con base en ello, será ante dicha autoridad federal donde los policías de la SSP-Guerrero, dependencia que encabeza el general brigadier del Ejército mexicano Rolando Solano Rivera, comparezcan para deslindar responsabilidades.
Según el primer reporte de la policía de Guerrero, el homicidio del joven de 23 años se dio en un intercambio de disparos de armas de fuego, luego de que uniformados de la SSP estatal pidieron detener la unidad en la que viajaba el normalista por reporte de robo.
Los policías dijeron que en la unidad había bebidas alcohólicas, drogas y un arma corta que, acusaron, habría sido accionada en su contra.
No obstante, familiares de la víctima negaron esa versión y mostraron el documento oficial de la necropsia practicada al cuerpo del joven, en la cual se señala que salió negativo en las pruebas de alcohol, drogas y de rodizonato de sodio; es decir, que no disparó ningún arma.
“Murió por una bala que los estatales le dispararon… No voy a permitir que se denigre su imagen, que se le acuse de cosas que no son”, dijo la mamá del joven asesinado, cuya familia ya fue arropada por familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
De hecho, el sábado pasado reiniciaron en Chilpancingo una serie de protestas, que incluyó la retención de elementos de la Guardia Nacional y el incendio de dos unidades de esa corporación federal.
En respuesta, las instalaciones del palacio de gobierno de Guerrero, la fiscalía estatal y la Residencia Oficial Casa Guerrero se encuentran blindadas con vallas metálicas y elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional.
