En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó el decreto por el que se modifica el Código Penal para el Distrito Federal
A partir de este 16 de abril del 2024, el delito de corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México (CDMX), cometido por un servidor público, será castigado con penas que pueden ir de 10 a 20 años de prisión.
Esto, luego de la publicación del decreto que crea el capítulo XV y el artículo 276 Quarter al título décimo octavo del libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
De acuerdo con el decreto publicado, el artículo 276 Quarter, dentro del Código Penal para el Distrito Federal, dicta lo siguiente:
«Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley».
Según el documento, la pena establecida se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en ese artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, para:
- El propio servidor público.
- Su cónyuge.
- Descendientes o ascendientes.
- Parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
- Concubina o concubinario.
- Pareja permanente.
- Adoptante o adoptado.
- Cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.
- Socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
Más herramientas para casos de corrupción
Para Ulises Lara López, Coordinador General de Investigación Territorial del gobierno de la Ciudad de México, esta reforma al Código Penal servirá para ponerle freno a los permisos de construcción a cambio de obtener ilícitamente beneficios económicos o de propiedades.
«Aquí me gustaría comentar que, con este tipo penal, nuestras y nuestros ministerios públicos tendrán mayores y mejores herramientas para llevar a cabo su labor y así poder encuadrar este tipo de conductas en la carpeta de investigación», expresó Lara López.
De acuerdo con el encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, esta instancia redoblará esfuerzos para investigar conductas de este tipo y presentar ante los jueces los resultados de dichas indagatorias para prevenir la creación de redes de corrupción y de sobornos en las 16 alcaldías.
«La reforma misma evitará omisiones a la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, sobreexplotando las capacidades de las dimensiones de los inmuebles», añadió Lara López.
El funcionario destacó que recientemente, la Fiscalía General de Justicia comprobó la existencia de una red de corrupción en el sector de bienes raíces que operaba en la delegación Benito Juárez, donde se toleró la construcción de pisos excedentes, que derivó en ganancias adicionales a desarrolladores inmobiliarios.
En este escenario, se han obtenido más de una docena de órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos y particulares. Además, se han asegurado 60 inmuebles producto de componendas, propiedades cuyo valor es de decenas de millones de pesos.
