Organizaciones solicitaron al Gobierno de México que asuma su responsabilidad en la conservación de la tortuga caguama en Baja California Sur.
Organizaciones de la sociedad civil que promovieron en el marco del T-MEC, el Expediente de Hechos contra México por la muerte de más de tres mil tortugas caguama (Caretta caretta), en los últimos seis años en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, solicitaron al Gobierno de México, asuma de una vez por todas su responsabilidad en la protección de esta especie en peligro de extinción, antes de que sus socios comerciales apliquen sanciones comerciales.
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), órgano creado al amparo del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, hizo público el lunes un documento de 150 cuartillas, que no contó con la firma de aprobación de nuestro país, donde se enumeran presuntas omisiones en la legislación ambiental mexicana que ocasionan la mortandad de la tortuga caguama o tortuga amarilla, que llega a BCS en su etapa juvenil para alimentarse, y regresar a anidar a Japón, de donde es originaria.
“Consideramos que este expediente por parte de la CCA es una oportunidad para que el gobierno mexicano destine los recursos y herramientas necesarios para cumplir con los acuerdos internacionales en materia ambiental. Es necesario entender de fondo las causas y detener la alta mortandad de la especie. Desaprovechar la oportunidad nos pondría en una ruta donde todos perdemos, desde enfrentar sanciones comerciales internacionales hasta la afectación a las comunidades pesqueras de la región”, advirtió Mario Sánchez, director de la Oficina Regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Por su parte, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), destacó que ahora con el T-MEC, «las autoridades mexicanas deben actuar y explicar su inacción para prevenir la mortandad de tortuga caguama. Además, Estados Unidos debe solicitar consultas con México por no cumplir con sus obligaciones ambientales para proteger la vida marina bajo el acuerdo comercial”.
En su investigación, la Comisión para la Cooperación Ambiental, establece que «la información examinada por el Secretariado para la preparación del Expediente de Hechos evidencia que el varamiento de quelonios ha sido documentado como un fenómeno recurrente, y que generalmente las tortugas marinas están sujetas a diversas amenazas, aparte del enmallamiento en redes de pesca. Una de esas amenazas es la hipotermia, condición que puede aumentar el riesgo de colisión con embarcaciones o de sucumbir ante predadores y también ocasionar, por ejemplo, que el organismo se vuelva vulnerable a enfermedades infecciosas y finalmente muera».
Cabe recordar que, en septiembre de 2023, la División de Pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA Fisheries, por sus siglas en inglés), emitió una certificación contra México por la falta de un programa regulatorio equiparable al de su país, que reduzca o elimine la captura incidental de tortuga caguama con redes de enmalle en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
En el informe enviado al Congreso de EU, la NOAA Fisheries recordó que, en 2015, el gobierno mexicano estableció en la región restricciones a las redes de pesca, un programa de observadores a bordo de las embarcaciones menores con videograbación, un límite de mortalidad de ejemplares para decretar el cierre de la pesca comercial, y el establecimiento de un área de refugio a largo plazo, medidas que carecen de validez porque ya no presentaron pruebas documentales.
De esta forma, Estados Unidos otorgó un plazo de un año al Gobierno de México, con el fin de que pueda subsanar la situación, ya que de lo contrario la Casa Blanca podría aplicar un embargo pesquero contra nuestro país.
«Con esta investigación y la publicación del Expediente de Hechos respectivo, por parte de la CCA, consideramos necesario que el Gobierno de México tome medidas inmediatas y efectivas para proteger de manera adecuada a las tortugas caguama y garantice el cumplimiento de las leyes ambientales aplicables, en línea con los compromisos internacionales asumidos entre los países de América del Norte», remataron CEMDA y el CDB.
