Por Milenio
La Prensa
A partir de marzo, una casa fresca en tiempo de sequía o canícula es un privilegio que sólo unos pocos podrán disfrutar en la frontera en Tamaulipas, donde los cárteles idearon un nuevo impuesto criminal.
Tres habitantes de esa región –dos en el municipio de Valle Hermoso y uno en Río Bravo– contactaron con MILENIO para revelar que los grupos criminales Los Ciclones y Los Metros, escisiones del cártel del Golfo, ya cobran a las familias por cada árbol que ensombrezca un hogar en esa calurosa zona de México.
“Tengo claro cuándo pasó esto, porque fue un día después del cumpleaños de mi esposo: 27 de marzo. Llegaron unas personas que dijeron ser de ‘La Empresa’ (Los Ciclones) y nos dijeron que a partir de ya iban a cobrar por los árboles en las casas. Se metieron a la fuerza y me contaron cuatro, hasta uno chiquito que le hace sombra al perro cuando se tira encima de la tierra, ahí en el fresco”, se queja Graciela, cuyo nombre real ha sido modificado a petición suya.
¿Qué es ‘el derecho de sombra’?
La mujer de 62 años llama a esa extorsión “el derecho de sombra”.
Antes de este año, la sombra era uno de los pocos placeres –gratuitos, simples– que conservaba en una tierra arrasada por el crimen organizado, la migración forzada y la pobreza: “tomar el fresco” en el pórtico de la casa de un piso que comparte con su esposo, Ignacio, de 70 años, es beber un vaso de agua fría bajo un frondoso encino que la refresca desde que era niña.
Ahora, ese gozo tiene precio: 100 pesos mensuales por disfrutar la sombra del árbol, le dijeron esos tres jóvenes veinteañeros miembros de Los Ciclones en una mañana que el Servicio Meteorológico Nacional indicaba que en Valle Hermoso la temperatura alcanzaría los 34 grados.
Si Graciela no paga, deberá talarlo. Ni ella ni su esposo tienen la fuerza para hacerlo, y sus hijos viven desde hace varios años en Estados Unidos, así que, si incumplen con la extorsión, deberán apartar de sus ahorros para pagarle a uno de los muchachos del cártel para que derribe el encino y los otros tres árboles que están anotados en la libreta del jefe de plaza.
“Aquí no te perdonan que seas viejo. Todos pagamos. Otros vecinos pagan por la reparación de su casa, por tu carro, por los animales. Aquí no hay nada de eso del respeto a los viejos: no pagas, entonces te matan”, dice Ignacio, con su voz trémula, del otro lado de la línea telefónica, cerca de la ardiente frontera con Texas.
¿Qué exigen las bandas delictivas?
La lista de bienes, servicios o “comodidades” por las que el crimen organizado cobra cuotas a los mexicanos es cada vez más amplia y delirante.
En Navolato, Sinaloa, el cártel del Pacífico cobra a las gasolineras por las personas que usan los baños públicos; en Lagos de Moreno, Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene un impuesto para los ladrillos que se usan para remodelar una casa; en Nueva Italia, Michoacán, el grupo criminal Los Viagras instalaron su propio sistema de internet con módems y antenas robadas y obligaron a habitantes a contratar el servicio.
En Texcaltitlán, Estado de México, La Nueva Familia Michoacana recolecta dinero por cada metro de cultivo, independientemente de si es para venta o autoconsumo.
En Celaya, Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima exige una cuota a las escorts que ofrecen servicios sexuales en la vía pública y por internet; en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el cártel Chamula demanda un porcentaje del pago de velas para las misas.
En Tamaulipas, la situación no es distinta; tras la fragmentación del cártel del Golfo en cinco grandes escisiones, cada uno ha inventado nuevos impuestos en los territorios donde se alojan: en Tampico, Los Rojos cobran por el uso de palapas y sillas a trabajadores en la Playa Miramar; en Soto de la Marina, Las Panteras recaudan por cada nuevo motor de lancha para pescar.
En Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo se paga, entre otras cosas, a Ciclones, Escorpiones y Metros por cada cruce en las garitas, por traer a México mercancía de Estados Unidos y hasta por camioneta nueva.
Ahora, también se cobra por el “derecho de sombra”. El argumento que recibieron Graciela, Ignacio y 14 vecinos en el municipio –podrían ser más, pero en esa zona no se acostumbra preguntar sobre estos temas– es que Los Ciclones y Los Metros necesitan más dinero para pelear contra la “invasión” del CJNG y gente de Ismael El Mayo Zambada que comenzó desde hace dos años y es considerada la mayor incursión de criminales foráneos en la historia del estado.
“Nos dijeron que necesitan defender que Tamaulipas siga siendo de los tamaulipecos. Puras estupideces. Lo que no quieren es que se les acabe el negocio de robar y están viendo de dónde sacan para las armas, las balas, todo lo que queremos que ya se acabe”, dice Graciela.
Ignacio, al fondo, asiente con un carraspeo. La llamada se corta.
¿Qué otras cosas pueden quitar los criminales?
A 35 minutos en vehículos del matrimonio de Valle Hermoso está el municipio de Río Bravo, del lado sur de Donna, Texas. Ahí vive Julio, sobrino de Graciela e Ignacio, quien desde su casa confirma la existencia del nuevo impuesto criminal. El día que hablamos, la aplicación de su teléfono registró 36 grados como temperatura máxima.
“Dos días después de que llegaron con mis tíos, (los criminales) llegaron conmigo. Así están por toda la frontera. Van anotando árboles, direcciones, nombres. Yo les dije que ya les pagó por una vulcanizadora que tengo, pero no les importó. Están obsesionados con la guerra que traen y que a la gente de bien nos vale madres (sic)”, dice.
Julio, a sus 32 años, no deja de pensar desde ese día que, al menos, el cártel tiene imaginación: en un lugar tan empobrecido como Río Bravo —¿qué más le quedaba al crimen organizado por arrebatarles, si no era hasta la sombra de los árboles?—.
Desde hace dos años, Río Bravo y municipios aledaños como Valle Hermoso son la joya de la corona de una batalla nunca antes vista en el país. Lo que cuentan Julio, tíos y vecinos es que, un mal día, un viejo jefe zeta conocido como El Chuy 7 se hartó de liderar un grupo pequeño conocido como Los Zetas Vieja Escuela.
Luego de ésto, quiso volver a su antiguo poder forjando una improbable alianza con los pistoleros de El Mencho y los de El Mayo Zambada para arrebatarle al cártel del Golfo el dominio de Tamaulipas que ostenta desde de la década de los 30 del siglo pasado.
Al mismo tiempo, otro jefe criminal, El Primito, líder de una facción disidente de Los Metros, también buscó a invasores de Jalisco, Sinaloa y de La Nueva Familia Michoacana para hacer un frente común contra los “golfos”, que han tenido que frenar a los fuereños con retenes en el extremo sur del estado, por ejemplo, en Ciudad Mante, Aldama y Altamira.
“Y las guerras se ganan con dinero, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. El problema es que el dinero sale de nosotros”, resume Julio para explicar el crecimiento de los nuevos impuestos criminales. “Si la guerra se resuelve, se acaba el piso. Si sigue, ¿qué más se les va a ocurrir?”
Sólo en su municipio, el crimen ya cobra un 20% más por cigarros y alcohol, pide cuotas por la venta de leña para cocinar, por tener gallinas o cerdos y, ahora, por la sombra.
Hace unos ocho años que desinstaló el aire acondicionado de la sala de su casa por ser demasiado caro. Lo sustituyó con un ventilador —”un abanico que sólo avienta aire caliente, no enfría”, acota— que es insuficiente.
La sombra es lo único que palia el calor que puede superar en verano los 40 grados, mientras da sorbos a un lata de cerveza con el precio más caro de la región fijado arbitrariamente por Los Ciclones.
Desde algún rincón de su casa, Julio pide auxilio y comparte su plan en espera de que vengan tiempos mejores: imitará a sus tíos en Valle Hermoso y derribará todos los árboles de su propiedad, excepto el que le usa para colgar su hamaca.
Graciela e Ignacio, por otro lado, pagarán para salvar sólo el encino de su patio. Un buen día, confían, podrán sembrar otros más sin temor a ser asesinados
