El 25 de mayo de 2019 el juez federal Artemio Zúñiga estampó su firma en la orden de aprehensión que redactó contra Alonso Ancira, una acción que llevó a una de las peores crisis económicas
Alberto Rojas Carrizales
LA PRENSA
Cuando el 25 de mayo de 2019 el juez federal Artemio Zúñiga estampó su firma en la orden de aprehensión que redactó contra Alonso Ancira, seguramente no imaginó que esa acción impugnada y severamente cuestionada por jueces y magistrados, devastaría algunos sectores en las regiones Centro, Carbonífera y Desierto de Coahuila.
Tras el cierre de AHMSA y ausencia del pago de sus derechos, los trabajadores han protagonizado huracanados episodios, el ácido sobre la herida fue la sentencia de quiebra contra MINOSA, la esperanza de reactivación se disipó en los yacimientos de carbón y mineral de fierro, sin esta materia prima no hay producción de acero.
Ahora, cinco años después, MINOSA está declarada en quiebra y el futuro de la desolada AHMSA en suspenso hasta la primera semana de agosto de 2024, la orden de captura de la causa penal 211/2019 fue cumplimentada 72 horas después, el 28 de mayo por la Interpol en España. La firma de la orden de aprehensión fue la semilla de interminables litigios y miles de desempleados.
El 11 de agosto de 2020, el Juez Federal Amós José Olivera Sánchez otorgó amparo de protección definitiva a favor de Alonso Ancira contra la orden de captura con fines de extradición por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la venta fraudulenta en 2013 de una planta de Agronitrogenados a Pemex, pero por esa acción fue retirado del cargo.
El 20 de mayo de 2019, Alonso Ancira presidente de AHMSA había sustentado rueda de prensa en Monclova donde divulgó el proyecto de la Planta Coquizadora 3 e inversión de 350 millones de dólares para modernizar las áreas de laminación en frío a efecto de orientar la producción hacia el sector automotriz, todo quedó en nada tras su aprehensión ocho días después.
En 2019, AHMSA dijo a través de un comunicado que esa acción penal sin sustento generó una compleja problemática para la empresa porque el gobierno canceló créditos bancarios y comerciales, así como pedidos de clientes, con afectación por más de 350 millones de dólares y un severo daño en todas sus operaciones financieras y productivas, el resto de la saga ya es historia.
