Las autoridades también cuestionan las opciones que da la empresa para evitar este tipo de seguimiento
Meta ha causado una gran polémica en Europa con su reciente actualización de políticas de privacidad. A partir del 26 de junio de 2024, la empresa comenzará a utilizar datos personales de los usuarios, recopilados desde 2007, para entrenar su tecnología de inteligencia artificial. Esta decisión ha desatado una ola de críticas y acciones legales en todo el continente, con organismos de defensa de la privacidad y usuarios preocupados por las implicaciones de este cambio.
La organización austriaca de defensa de la privacidad Noyb (None Of Your Business), liderada por Max Schrems, ha sido una de las voces más críticas contra la empresa y ha presentado quejas formales ante las autoridades de protección de datos de 11 países europeos: Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Irlanda, los Países Bajos, Noruega, Polonia y España.
Estas quejas argumentan que Meta está violando la normativa europea de protección de datos (GDPR) al no solicitar el consentimiento explícito de los usuarios para el uso de sus datos.
En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya había registrado una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el 31 de mayo, anticipándose a la medida. La OCU, al igual que Noyb, argumenta que Meta debería haber pedido permiso explícito a los usuarios en lugar de forzarlos a realizar un complejo proceso de exclusión si desean que sus datos no sean utilizados.
Argumentos de Meta y respuesta de Noyb
Meta se defiende amparándose en un “interés legítimo” para utilizar los datos de los usuarios en su tecnología de IA. Sin embargo, este argumento ha sido previamente rechazado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJEU) en el contexto del uso de datos personales para publicidad.
Noyb sostiene que el uso de este argumento para un propósito aún más amplio y agresivo es igualmente inválido.
Max Schrems ha criticado duramente la postura de Meta, señalando que “Meta está diciendo básicamente que puede usar ‘cualquier dato de cualquier fuente para cualquier propósito y ponerlo a disposición de cualquiera en el mundo’, siempre que se haga a través de ‘tecnología de IA’. Esto es claramente lo opuesto a cumplir con la GDPR”.
Además, subraya que la falta de especificidad sobre cómo se utilizarán los datos y quién tendrá acceso a ellos es especialmente preocupante, ya que abre la puerta a un uso potencialmente ilimitado y abusivo de los datos personales de aproximadamente 4 mil millones de usuarios de Meta.
Ante la inminente implementación de estas políticas el 26 de junio, Noyb ha solicitado un “procedimiento de urgencia” bajo el artículo 66 de la GDPR. Este procedimiento permite a las autoridades de protección de datos emitir suspensiones preliminares en situaciones críticas y tomar decisiones a nivel de la UE a través del Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB).
El Comisionado de Protección de Datos de Irlanda (DPC), que es el regulador principal de Meta en la UE, ha sido acusado de hacer “acuerdos ilegales” con Meta que permiten la elusión de la GDPR. En el pasado, estos acuerdos han resultado en multas significativas contra Meta después de que el EDPB interviniera. Schrems ha expresado su frustración con el DPC, sugiriendo que “parece que la nueva administración del DPC continúa haciendo acuerdos ilegales con las grandes empresas tecnológicas de EE.UU.”.
Las dificultades de evitar este cambio
Otra crítica recurrente es el proceso que Meta ha diseñado para que los usuarios puedan excluirse del uso de sus datos. En lugar de solicitar un consentimiento claro y directo (opt-in), la empresa ha implementado un proceso de exclusión (opt-out) que es descrito como complicado y poco claro.
Este proceso requiere que los usuarios completen un formulario de objeción, lo cual podría haber sido simple, pero Meta ha introducido numerosos obstáculos y distracciones para desincentivar la oposición.
Noyb ha realizado un análisis técnico del proceso de exclusión y encontró que la empresa incluso requiere que los usuarios inicien sesión para ver una página que debería ser pública, lo que añade más dificultad. Schrems resume la situación afirmando que “pasar la responsabilidad al usuario es completamente absurdo. La ley exige que Meta obtenga el consentimiento de participación, no que proporcione un formulario de exclusión oculto y engañoso”.
