Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, pidió ayer recordar lo que señalan las reglas internas para evitar el rezago legislativo.
Por Reforma
La Prensa
La reforma al Poder Judicial depende de que en la 65 Legislatura se apruebe el dictamen, porque de lo contrario será desechada la iniciativa presidencial.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, pidió ayer recordar lo que señalan las reglas internas para evitar el rezago legislativo.
Dijo que el reglamento de la Cámara indica que llegado el último día de la Legislatura, todas las iniciativas que no estén dictaminadas, se desechan.
En ese estatus están las 20 iniciativas del Ejecutivo y todas las demás presentadas por los legisladores, no tienen dictamen y están en camino de ser desechadas, comentó.
«Hasta este momento, las iniciativas del señor Presidente de la República no están dictaminadas.
«Para brincar a septiembre con la reforma al Poder Judicial, requieren dictamen. Si no hay dictamen, no brincan a septiembre», advirtió el legislador del PRI.
Reconoció que Morena todavía tiene junio, julio y agosto para dictaminar, no sólo la iniciativa sobre Poder Judicial, sino todas las demás del Ejecutivo presentadas el 5 de febrero.
Moreira recordó que él propuso el año pasado una reforma al reglamento de la Cámara para evitar heredar miles de iniciativas a la siguiente legislatura, porque resultaba imposible aprobar todas las propuestas de los legisladores.
«Ahora las iniciativas no dictaminadas se desechan. Lo que esté dictaminado ya pasó por un proceso legislativo, los dictámenes no se pueden desechar porque eso sí tiene un trámite legislativo y se queda ahí en la Mesa Directiva para la siguiente legislatura», explicó en entrevista.
El coordinador del PRI consideró que antes de llegar a un dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, en Morena deben procurar un amplio proceso deliberativo sobre lo que quieren hacer.
Moreira consideró que la convocatoria a foros sobre la reforma judicial, que plantea la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros, es apresurada y la reforma, que toca a uno de los Poderes del Estado, podría ser una imposición para las minorías.
