Por Milenio
La Prensa
La reforma judicial propuesta por el obradorismo acota el poder presidencial de colocar ministros afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque la próxima presidenta tiene el derecho de renovar cuatro asientos en sus primeros tres años de gobierno, con lo que la 4T conseguiría el nombramiento de nueve de 11 lugares en el máximo tribunal.
Morena y sus aliados someterán a consultas la posibilidad de que esos puestos sean decididos por los ciudadanos a través del voto popular.
El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, a quien el presidente acusa de favorecer los intereses del empresario Ricardo Salinas Pliego, terminará su periodo de quince años este primero de diciembre. Su asiento es el próximo del alto tribunal que quedará vacante y será el primero al que Claudia Sheinbaum propondrá un candidato y el Senado deberá aprobar. Su partido tendrá 83 de los 85 escaños necesarios para lograrlo.
Aguilar Morales será el primero de cuatro. En su sexenio, Andrés Manuel López Obrador presentó a cinco magistrados y a Sheinbaum le corresponderá reemplazar a todos los que fueron designados en el periodo de Felipe Calderón.
Si se consuma lo dispuesto por la Constitución, los presidentes de la 4T habrán propuesto a nueve de los once integrantes de la SCJN, con nombramientos que concluirán entre 2033 y 2042.
En casi todos los países del mundo, los miembros del tribunal de mayor jerarquía son designados por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, o por ambos en colaboración: uno de ellos los propone, el otro aprueba o confirma.
Dada la supermayoría resultante de las elecciones pasadas en México, este proceso sería controlado por Morena y sus aliados; sin embargo, la reforma judicial del denominado Plan C trasladaría esta decisión al electorado, con lo cual la 4T —en el papel— se propone renunciar a su influencia directa.
A cambio, para el primero de septiembre de 2025 obtendría el reemplazo de los once miembros de la SCJN por nueve que serían electos en junio de ese mismo año.
La oposición sostiene que el obradorismo utilizará su apoyo popular para determinar el resultado de la elección de más de mil 600 puestos, entre ministros, magistrados y jueces, y modelar así el Poder Judicial a su antojo.
Mientras que Morena y sus aliados replican que se tratará de un proceso apartidista, en el que deberán primar las cualidades de los aspirantes y su capacidad de explicarse ante el electorado para ganar su apoyo.
Renovación casi total de la SCJN
A López Obrador le tocaba proponer reemplazos para dos ministros nombrados en el sexenio de Vicente Fox (José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos) y dos de Felipe Calderón (José Fernando Franco González-Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea).
Además, lo hizo también para el polémico Eduardo Medina Mora, colocado por Enrique Peña Nieto y que sólo completó cuatro años en el puesto.
De los seis ministros restantes, sin la reforma judicial actualmente en trámite en el Congreso, a Sheinbaum le tocará cambiar a cuatro, todos propuestos por Felipe Calderón, cuyos periodos finalizan:
Luis María Aguilar Morales: el primero de diciembre.
Jorge Mario Pardo Rebolledo: el 10 de febrero de 2026.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán: primero de diciembre de 2027.
Elección popular
La iniciativa de mayor calado del Plan C es la reforma judicial, que propone someter a elección directa a ministros de la SCJN, miembros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.
En este procedimiento, en el caso de la SCJN, cada uno de los tres poderes analizará los méritos académicos y profesionales de las candidaturas para elegir, por mayoría calificada, a 10 aspirantes que pasarían a la elección abierta por mayoría. Los que reciban más votos obtendrán los mandatos de mayor duración, 14 años; los otros serán por 12 y ocho años.
La propuesta es muy parecida a la vigente en Bolivia desde 2009. Aunque allá, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha levantado la prohibición de pertenecer a organizaciones políticas.
Otro sistema con intervención popular es el de Japón, donde los que designan a los miembros de la Corte Suprema son el primer ministro y su gabinete —en nombre del emperador—, pero la decisión debe confirmarse en las elecciones generales próximas; aunque nunca ha ocurrido, el juez sería destituido si la mayoría votara en su contra.
El supremo poder presidencial
Poder Judicial en Estados Unidos
Lo contrario ocurre en Estados Unidos, donde a nivel federal el Poder Ejecutivo determina al Judicial: es el presidente quien designa a todos los jueces —no solo a los del Tribunal Supremo—, que requieren una confirmación del Senado por mayoría simple, sin necesidad de mayoría calificada.
Esto ha permitido a los republicanos —mediante diversas técnicas de obstrucción legislativa— darle forma al sistema judicial de su país y llenar la Corte de los suyos, hasta crear una mayoría conservadora.
En el ámbito local —en cambio— la elección directa se implementa en más de la mitad de los estados al designar a jueces estatales. Algunos establecen comicios no partidistas, como el que propone el Plan C: las organizaciones políticas no pueden involucrarse. Otros lo hacen al revés y, en algunos más, se da una combinación.
En Ohio, cada partido invita a sus simpatizantes a votar por candidatos; los ganadores se presentan después a elecciones generales. Michigan nomina a los jueces de su Corte Suprema en convenciones de partido que después van a elecciones generales. En Texas, todos los jueces compiten en elecciones partidistas.
Poder Judicial en México
En México, junto a otras 19 iniciativas, la reforma judicial es parte de un paquete que el presidente López Obrador presentó al Congreso, en febrero.
Por otra parte, el martes 18 de junio, Sheinbaum, la virtual presidenta electa, incluyó en una lista corta, cinco prioridades que deberán ser discutidas por la próxima Legislatura, justo después de su inicio (el primero de septiembre) y antes de que Obrador entregue el cargo (el primero de octubre).
