AHMSA, agandalle final
Sebastián Gómez
“No me duelen los actos de los malos, me duele la indiferencia de los buenos”. Luther King.
Con 82 años de historia, hoy lunes 5 de agosto de 2024 Altos Hornos de México entra en la etapa final de su agonía, al fracasar Daniel Chapman, cabeza de Argentem Creek Partners, en el intento de convencer inversionistas que apoyaran un rescate de la acerera que pasó legalmente al estatus de quiebra, tras vencer la última prórroga otorgada por Saúl Martínez Lira, anterior juez del Concurso Mercantil.
Creada en 1942 por el gobierno federal y un grupo de visionarios empresarios, la empresa inició en mayo de 2019 el tortuoso camino de una crisis generada por el hígado de López Obrador y aprovechada desde la consejería jurídica por Julio Scherer Ibarra, para favorecer a su cómplice y financista Julio César Villarreal, de Grupo Villacero.
A partir del invento del delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, operado en la judicatura por el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar y el juez “a modo” Artemio Zúñiga -que en el proceso de extorsión llegó al extremo de avalar que la familia Ancira debía entregar sus acciones a Villarreal- AHMSA quedó inmersa en una vorágine de presiones e intereses, que culminan en el camino a su definitiva desaparición.
Los detalles de esa trama político judicial fueron abordados con precisión por el académico y analista filomorenista Hernán Gómez Bruera, que -dice él- abismado por el nivel de la corrupción del “casi hermano” del Presidente, pormenorizó en su libro Traición en Palacio los manejos de Scherer Ibarra, apoyado por Zaldívar desde la Corte, para tejer una red de complicidades y ejercer presión desde la Presidencia, a fin de apoderarse de negocios -como AHMSA y Caja Libertad- o extorsionar a políticos y empresarios.
El inminente cierre de la historia de Altos Hornos de México, que fue factor esencial para el desarrollo del país desde el impulso industrial que le imprimió Harold Pape, deja en el camino el esfuerzo de generaciones de mujeres y hombres, empleados y obreros que durante ocho décadas aportaron su esfuerzo para la operación continua y crecimiento de la siderúrgica y sus minas.
La perversidad de un sexenio pletórico de ella, deja a la última camada de esas generaciones como grandes y finales víctimas de la bilis de López Obrador y del engaño ejercido durante meses tanto por el Gobierno Federal como por Chapman y su equipo.
Aún la semana pasada, cuando tras fracasar como inversionista Argentem aguardaba cobijarse en la quiebra para no perderlo todo y salvar su parte a río revuelto, funcionarios federales -IMSS, INFONAVIT, PROFEDET- buscaban calmar la esperable ira de empleados y obreros asegurándoles que todos sus derechos estarán a salvo.
Flagrante mentira. Todos los derechos laborales -contratos colectivos, prestaciones, etc.- quedan supeditados a la Ley Federal del Trabajo, que es fríamente precisa al señalar como, en caso de quiebra de una empresa, los trabajadores solo podrán reclamar 3 meses de salario y, si tenían más de 15 años en la quebrada firma, 12 días adicionales por año.
Y eso si dentro de lo malo bien les va. Porque en la particular situación de AHMSA y dado el maquiavélico plan de Argentem para una compra favorecida de los equipos operables para salvar algo de lo suyo -ese 20% adquirido como deuda chatarra-, difícilmente la bolsa reunida por la jueza Ruth Haggi Huerta y el virtual síndico Víctor Manuel Aguilera alcanzará siquiera para pagar a empleados y obreros lo que marca la ley.
Hoy se sabe que, si bien la quiebra elimina la carga del pasivo laboral -que deberán enfrentar jueza y síndico-, por el paro de más de un año, como por los robos solapados por las autoridades, los equipos mayores y las minas de la empresa se encuentran en estado tan deplorable que nadie osaría cargar con el costo de su reactivación.
Entre los potenciales interesados en quedarse con lo mejor de AHMSA se encuentra de nuevo Grupo Villacero, que mueve su influencia política para junto con Argentem y el aval de Cargill, ganar en remate la fundición eléctrica y las más nuevas unidades de laminación, a fin de crear una pequeña siderúrgica limpia de obligaciones financieras y laborales. Y como en la ocasión anterior, Villarreal aspira a no pagar, esta vez utilizando con argucias legales la deuda garantizada de su Afianzadora Afirme.
Cabe recordar que el interés sostenido de Julio Villarreal y su familia tiene historia, porque la misma génesis del crecimiento del grupo, que hoy abarca desde agencias automotrices hasta instituciones financieras, está ligada a AHMSA desde su etapa paraestatal.
Viejos cuadros directivos de esa época recuerdan como el fundador, Juan Pablo Villarreal, se coaligó con funcionarios de la acería en una lucrativa operación ilegal, el falseamiento de la calidad del acero destinado a la distribuidora y a la postre procesadora regiomontana, hoy encabezada por el hijo, Julio Villarreal Guajardo.
A través de una cadena de bien retribuidas complicidades -cuentan-, láminas y placas generadas por la empresa eran declaradas como “segundas” y hasta chatarra, documentadas como tales burlando de paso impuestos, y enviadas a Monterrey, desde donde se les comercializaba como lo que eran, productos normales de acero.
El turbio proceder se heredó, dicen, porque cuando en la década pasada el conjunto de la industria siderúrgica presionaba al gobierno para frenar con aranceles la invasión de acero chino subvencionado, bajo cuerda Villacero era uno de los principales importadores.
Hoy, si la jueza Ruth Haggi Huerta y el síndico lo permiten, aspiran a ser los grandes ganadores al culminar esta historia de perversidad.
No los únicos, ya que también se irán sonrientes y bien servidos los dos directivos designados por Argentem, el estadunidense John Abbott y el hindú Kalyan Gosh, a quien con sorna denominan “El Rey de la Chatarra”, porque a cargo temporal de la oxidada siderúrgica y cuando nadie le conoce, se pasea acompañado por un guardaespaldas israelí.
Durante unos meses desde inicios de año, Abbott y Gosh se entretuvieron repartiendo atole, engañando a trabajadores y autoridades con escenarios utópicos, mientras se embolsaban millonarios pagos en dólares por sus “servicios”. Luego de perder el control, si la juez y el síndico lo permiten, pretenden seguir ordenando a través de GAN, la fantasmal controladora que ya nada controla.
Cobraron a partir de la venta de propiedades, equipos y productos que ambos jueces y el conciliador autorizaron con el supuesto destino de enfrentar gastos mínimos y pagar a personal indispensable, que realmente recibió remuneración parcial y a cuentagotas.
En esa apresurada voracidad no lograron concretar antes de la quiebra un crédito que supuestamente otorgaría Villarreal y que tendría el mismo beneficioso destino personal. Al parecer, además, entre otros bienes de Altos Hornos y Minera del Norte, también quedó a medio camino la venta en barata de la residencia institucional de AHMSA -el denominado Ancón del Río- y los equipos e instalaciones de lo que fue Antair, la subsidiaria de servicios aéreos. En ambos casos uno de los interesados es Gerardo Benavides Pape, de Grupo Industrial Monclova.
Porque malbaratarlos implica seguir restando a los recursos con que se deberá pagar una miseria al personal y nada a proveedores, la compra privilegiada y la venta de bienes serán asuntos candentes que junto con el control recibirán la jueza Huerta y el virtual síndico Víctor Aguilera. Permitirán medir su grado de pulcritud e independencia frente a las fuertes presiones de quienes quieren lucrar en el fin de la tragedia generada por López Obrador.
En ese lodazal se inscriben, según aseguran, las recientes renuncias de Gerardo García Castelán, director de Adquisiciones; de Carlos Mireles, Tesorero; y de los cuadros más relevantes del área de administración y finanzas, que aún permanecían activos y no quisieron cargar responsabilidad con el agandalle.
