Aplicó el protocolo Minnesota, para determinar que la muerte de la mujer que había estado presa no haya sido provocada por algún daño sufrido al estar detenida
Fabiola Sánchez
LA PRENSA
La Fiscalía General de Coahuila, descartó signos de violencia a Irene Rivera Díaz mujer quincuagenaria que perdió la vida a escasos metros de Seguridad Pública, quien minutos había sido puesta en libertad al cumplir sus horas de arresto.
Rodrigo Chairez Zamora, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, reiteró que para determinar las causas de la muerte de la mujer que perdió la vida la mañana del viernes, fue necesario aplicar el protocolo Minnesota.
Explicó que, son protocolos internacionales que debe de seguir cualquier autoridad en la investigación, el cual permite acreditar o descartar una intervención lesiva de una corporación policial.
Comentó que, lo anterior permitió descartar que la persona haya fallecido derivado de algún traumatismo que tuviera que ver con la intervención directa que involucrara responsabilidades a alguna corporación de seguridad.
¿Qué es el Protocolo de Minnesota?
El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para investigar una muerte potencialmente ilícita. El protocolo establece principios y directrices para los Estados, instituciones y personas que participen en la investigación. Se hizo para complementar los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
Su objetivo es “proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada”.
¿Qué recomendaciones tiene?
En el manual se recomienda crear una comisión independiente con suficientes recursos y posibilidad de buscar ayuda en expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses. En casos en donde el Estado pueda estar involucrado en la muerte y los resultados de la investigación puedan ser parciales, se crea una comisión investigadora especial.
La comisión debería acceder a toda la información necesaria para la indagación, presentar un informe público, impedir el entierro u otra disposición del cadáver mientras no se haga la autopsia, visitar el lugar donde se descubrió el cadáver y donde pudo ocurrir la muerte y recibir declaraciones de testigos y organizaciones fuera del país.
El procedimiento de la autopsia es un apartado del Protocolo. El médico forense encargado de hacerla tiene que formar parte de la comisión independiente que lleve la investigación y además, debe tener la capacitación y experiencia apropiada para asegurar la identidad del difunto y descubrir la causa y circunstancias de su muerte. En el caso de desconocer esas circunstancias, el médico forense usa los resultados de la autopsia para reconstruirlas.
El informe tras la autopsia puede ser usado por autoridades para determinar si el difunto fue agredido o torturado y si las lesiones causaron o contribuyeron a su muerte. Si el forense considera que algunas lesiones fueron producto de torturas o si un grupo de ellas denota malos tratos, es su obligación presentar esa opinión por escrito.
