Por Expansión
La Prensa
La iniciativa de reforma al Poder Judicial con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto de ciudadanos acumula rechazos en México y a nivel mundial.
Embajadas, calificadoras, legisladores, organizaciones internacionales, bancos, cámaras de comercio y universidades han alertado de los riesgos para la justicia, democracia e inversiones que puede traer la transformación del Poder Judicial.
Aunque la iniciativa enviada por el presidente López Obrador no será aprobada con su contenido original, mantendrá su esencia: que el Ejecutivo y el Legislativo ya no defina a los integrantes del Judicial, sino que en 2025 por primera vez los mexicanos voten por sus integrantes.
¿Quiénes rechazan la reforma al Poder Judicial?
Tras elecciones del 2 de junio en las que Morena y aliados consiguieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron cerca del Senado de la República, se alzó la voz desde varias partes del mundo.
Estados Unidos
Desde su residencia oficial en la Ciudad de México, el embajador Ken Salazar advirtió riesgos con la elección de jueces, magistrados y ministros y alertó que amenazaban la relación comercial bilateral.
»Creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa de jueces, así como la política feroz si se aprueban las elecciones de jueces en el 2025 y 2027, amenazan la relación histórica comercial que hemos construido. Las elecciones directas pueden hacer más fácil que cárteles se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas», dijo el 22 agosto pasado.
Sus críticas generaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara una nota de extrañamiento al gobierno de Estados Unidos y días después, una pausa en la relación con el funcionario del gobierno de Joe Biden.
Desde Estados Unidos otras voces también han alertado sobre los riesgos, entre ellas, las del representante del Departamento de Estado de EU, Brian A. Nichols, quien además respaldó la posición del embajador Salazar.
“Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas”, escribió en sus redes sociales.
También un grupo de senadores manifestaron «profundamente preocupados» porque «socavarían la independencia judicial».
El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, pidió que la reforma al Poder Judicial no se discuta y apruebe aceleradamente , pues se trata de la transformación de “uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano”.
“Pretender aprobar una reforma de esta envergadura en donde se modifica drásticamente el funcionar de uno de los tres poderes autónomos de la nación en tan solo tres días en la Cámara de Diputados es un acto que socava la calidad del proceso legislativo y pone en riesgo la estabilidad y la credibilidad del sistema judicial en México”, planteó.
Canadá
El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, manifestó la preocupación que inversionistas canadienses tienen entorno a la reforma al Poder Judicial.
“He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Entonces, lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto y hay preocupación”, dijo el 22 de agosto.
El embajador aclaró que la intención no era intervenir en un asunto que corresponde a México.
“Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, destacó Clark.
El sector económico también ha manifestado su preocupación por los cambios que se proponen al Poder Judicial y han alertado que están en riesgo las inversiones.
El banco estadounidense Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México.
Citibanamex alertó sobre el impacto económico que podría tener la aprobación del Poder Judicial, así como la mayoría de Morena y aliados en el Poder Legislativo.
El banco estadounidense Bank of America calificó de “muy alto riesgo” la reforma al poder judicial en un análisis que difundió a sus clientes. Alertó que tiene “enormes implicaciones para la democracia de México.
“La reforma más preocupante y consecuente presentada en el Plan C es la constitucional para revisar el sistema judicial, con el objetivo de eliminar a los 7,293 jueces en funciones en México, así como a los 11 jueces de la Corte Suprema. El objetivo principal de AMLO es que todos los jueces de México sean elegidos por voto popular”, dice el análisis.
El Banco Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir en algunas empresas en México o reducir su participación en otras, porque aumentará »las primas de riesgo en México”.
El banco suizo UBS alertó que las reformas que en México se analizan y están por ser discutidas en el pleno de la Cámara de Diputados contradicen las obligaciones de México con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, lo que provocará MEC inestabilidad del peso.
La calificadora Fitch Ratings alertó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente el “apetito inversor” en México.
“La reforma judicial propuesta más significativa reemplazaría la selección presidencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito locales por la elección mediante voto popular. Sin embargo, las modificaciones al método de selección de los jueces han generado preocupación entre los inversionistas sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre autoridades gubernamentales y empresas”, advirtió.
Gobiernos y organizaciones
Organizaciones internacionales y gobiernos del mundo también han manifestado su incertidumbre y rechazo hacia la reforma judicial, en particular porque consideran que representa afectaciones para la independencia de ese poder.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), manifestó su preocupación por las implicaciones que tendrá la reforma para la independencia de los jueces y abogados, y pidió que se reconsidere la propuesta.
“Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, pidió.
Jueces y magistrados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intervenga a fin de que se suspenda la reforma judicial por posibles violaciones a derechos humanos.
“No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren perdonas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno. Pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas», dijo el magistrado Juan José Olvera López.
Cámaras
El sector privado tanto de México como internacional han pedido a las autoridades mexicanas reconsiderar las implicaciones que podría traer la reforma judicial.
En México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) planteó que la reforma judicial, de aprobarse, podría generar caída en inversiones y tener un impacto negativo de 0.3 puntos porcentuales en el PIB.
“En materia de empleo esto tendría un impacto importante. La sola reducción en la inversión implicaría dejar de crear poco más de 60 mil empleos. El menor avance del PIB total en un punto porcentual representaría dejar de crear 200 mil nuevos puestos de trabajo”, planteó el organismo.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) también levantó la voz por la reforma judicial,la cual considera que tendrá un impacto en el desarrollo económico del país.
“Prestamos especial atención a la reforma al poder Judicial, debido a los impactos que tendrá en el desarrollo económico y escalamiento productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que mayoritariamente representamos”, dijo la presidente mando de Esperanza Ortega Azar.
La American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) manifestó su coincidencia con las declaraciones del embajador Ken Salazar y se pronunció a favor del diálogo para evaluar los impactos del cambio constitucional.
“Hacemos un llamado a continuar el diálogo para evaluar cuidadosamente las potenciales consecuencias de esta reforma y otras, y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar en la creación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad jurídica y la competitividad de México”, manifestó el organismo.
El Consejo de Empresas Globales pidió ajustes de aspectos que puedan afectar las inversiones en México.
“El actual proyecto de reforma contiene algunos aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones”, planteó en un comunicado.
Universidades
El rechazo a la reforma judicial también llegó a los salones de clase. Estudiantes de diversas universidades públicas y privadas han manifestado su preocupación por la reforma judicial y algunos de ellos salieron a las calles como los de la UNAM.
En la llamada marcha “En defensa del Derecho», estudiantes y académicos exigieron no desmantelar el Poder Judicial. Mientras caminaban gritaron consignas como ¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!», «¡El Poder Judicial no se vende, se defiende!» y “México, aguanta, la UNAM se levanta”.
Además de la UNAM, otras universidades se han sumado al rechazo como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Panamericana (UP), Universidad La Salle México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Para el 1 de septiembre han convocado a una manifestación pacífica justo en el mismo sitio donde el presidente López Obrador realizará su último informe de Gobierno.
¿Qué dice el presidente?
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que es necesario reformar al Poder Judicial, el cual, afirma, está marcado por la corrupción y defiende intereses de élite y no el de los mexicanos.
Con la aprobación de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto, considera, los integrantes del Poder Judicial solo deberán responder al pueblo de México, pues no le deberán a nadie su cargo.
“Consiste fundamentalmente en que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros… es para que los jueces y los magistrados y los ministros sepan que se deben a la voluntad del pueblo, que no le deben el favor a ningún partido, a ningún político, al presidente, a los senadores”, dijo el jueves 29 de agosto.
Sobre las críticas desde el exterior por la reforma, ha defendido que es un asunto que solo le corresponde a los mexicanos definir y lo está haciendo a través de procesos legales.
