Por Milenio
La Prensa
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que solo responden al mandato del pueblo, por lo que “es inadmisible e improcedente” la resolución del juez de distrito otorgó una suspensión para que en San Lázaro no se pueda discutir la reforma al Poder Judicial, cuyo trámite iniciará este domingo.
Por lo que afirmó que la mayoría legislativa “categórica y enérgicamente determina que no se somete ni someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tiene competencia para ella».
«Porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial. Además, de que la representación popular es precisamente la que nos ordena revisar la Constitución y a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas para reformas y adicionar el texto constitucional”.
En redes sociales, el líder de la mayoría informó que la Cámara de Diputados recibió notificación de dos juzgados de distrito de los estados de Morelos y Chiapas en la que se pretende que en el proyecto de reforma judicial en materia constitucional no sea discutido ni votado por la nueva Legislatura, “lo que no sólo es violatorio del principio de legalidad y violación del Poder Legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución”.
Destacó que “no hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan frenar esta histórica reforma en beneficio de la población”.
No menos extraño, dijo, resulta si lo recordamos que se han intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma como una conducta cotidiana de sectores vinculados con el Poder Judicial.
“La última hace unos días que el ministro Alcantara resistió las presiones y evitó actuar de manera inconstitucional y antes, cuando el Tribunal del Poder Judicial de la Federación rechazó la resolución de un juez de distrito a modo que intentaba invadir a este tribunal”.
Subrayó que el poder revisor de la Constitución es la voz del pueblo, “que, de acuerdo con el artículo 39, tiene el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno. Es inaudito que los quejosos, es decir, que quienes promueven el amparo sean los propios titulares de los juzgados de distrito”.
Monreal dijo que “tolerar que dentro del procedimiento de revisión para que intervenga otra persona ajena al Congreso de la Unión, es inadmisible porque implicaría subordinar la voluntad del pueblo depositada en esa soberanía y en los congresos de las entidades federativas a una injerencia grosera”.
Insistió en que el Poder Legislativo actuará con energía y firmeza: “es tan absurda, grotesca e ignorante esta disposición de suspender, mediante la vía de amparo, actos de otro poder que el articulo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución e implica que ninguno de los actos que lleven a la consecución de tal fin puedan ser materia de impugnación; es tal el despropósito que cualquier ciudadano consideraría que es ignorancia jurídica”.
En tanto, Diego Valades, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que “esa resolución es un hecho inédito y sin fundamento jurídico».
«La defensa de la independencia judicial no debe verse empañada por decisiones carentes de sustento en la Constitución y en la ley”.
