Especial
La Prensa
La Conferencia del Episcopado Mexicano expresa su preocupación por la posible aprobación de la Reforma Constitucional sobre el Poder Judicial en México, a partir de la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, misma que fue aprobada en la primera instancia por la Cámara de Diputados y que está próxima a analizarse por el Senado de la República.
Como es del conocimiento público, los Obispos de México junto con otras instancias de la Iglesia y la sociedad civil, promovieron desde el 2022 una serie de diálogos con distintos sectores de la sociedad que culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, presentada en su momento a quienes buscaban la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral, donde se expresa la necesidad de reconstruir de forma integral la justicia en México en todos sus niveles, un reclamo de la sociedad mexicana, especialmente de las víctimas de la violencia criminal generalizada en todo el país y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia.
Sin embargo, la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo no responde a una revisión integral del sistema judicial, ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia, más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo pedimos que se escuche el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los Jueces y Magistrados, ministros y ministras. Y alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coinciden con distintos organismos internacionales, en las que manifiestan que la elección para el cargo de Jueces y Magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía.
Hacemos votos para que el Senado de la República, tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se dé el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos innecesarios, contemplando el bien de la Nación, a fin de que avancemos a una reforma integral que incluya a las fiscalías, los tribunales locales, el respeto a la carrera judicial, así como la justicia federal tan necesaria para nuestro país.
