Por Forbes
La Prensa
México será el primer país del mundo que elija a todos sus jueces por voto popular, tras ser aprobada la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que según sus detractores fulmina la independencia de poderes.
“Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia”, dijo el mandatario, al celebrar la aprobación de la enmienda que tensó las relaciones con Estados Unidos -principal socio comercial de México- y genera nerviosismo económico.
López Obrador, quien entregará el poder a su pupila Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda constitucional en el marco de un choque con la Suprema Corte, a la que acusa de favorecer la corrupción y a grupos criminales, y de ser la trinchera de la oposición.
Con el voto directo “se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país”, consideró a su vez Sheinbaum en X.
El máximo tribunal ha bloqueado reformas de López Obrador que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares, entre otras.
La impunidad en México, donde diariamente se registran unos 80 homicidios y hay más de 100,000 desaparecidos, supera el 90%, según la propia Suprema Corte.
Algunos magistrados de ese tribunal, Estados Unidos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales.
Supone la “demolición” del poder judicial, denuncia la presidenta de la Corte, Norma Piña.
Tras la aprobación en el Senado, la reforma debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales, lo que no parece un obstáculo para el partido Morena y sus aliados que controlan dos tercios de las gobernaciones. Luego será promulgada por la presidencia.
López Obrador, cuya popularidad supera 70%, sostiene que la Corte carece de facultades para detener la enmienda mediante impugnaciones.
La iniciativa tensó la vitales relaciones con Estados Unidos y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado comercial TMEC.
Consultoras económicas vinculan además los cambios legales con la reciente depreciación del peso frente al dólar, y refieren preocupaciones de inversionistas frente a la independencia de los jueces.
La elección de casi 1,600 funcionarios se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo -donde el oficialismo tiene amplias mayorías- y Judicial.
Podrán postular los actuales jueces, pero de no hacerlo permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
La reforma fue aprobada con 86 votos a favor y 41 en contra, tras una jornada caótica que incluyó la invasión del Senado por parte de funcionarios judiciales en paro y estudiantes.
Debido a ello, las deliberaciones fueron trasladadas a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, como ocurrió una semana atrás cuando la Cámara de Diputados tuvo que aprobar la norma en un polideportivo, pues su edificio fue bloqueado.
Este miércoles, decenas de manifestantes se congregaron afuera del Senado para protestar por la aprobación, sin que se hayan reportado incidentes. “¡El poder judicial no va a caer, no va a caer!”, gritaban.
Los detractores también denuncian que la reforma en realidad pretende eliminar la independencia judicial para instaurar un régimen autoritario y perpetuar a Morena en el poder.
Además, advierten que limita la carrera administrativa basada en méritos, si bien la Suprema Corte refiere serios problemas de nepotismo en el poder judicial.
La reforma es cuestionada en particular por Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, quien había llamado a reconsiderarla para salvaguardar la independencia de los magistrados.
Coloca a México “en una posición única en términos del método de elección de jueces”, señaló el martes.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
