Por Proceso
La Prensa
Con la presunción de atraer inversiones de gran calado y clase global, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, llegó al extremo de convertir la supuesta inversión de Tesla en el estado en propaganda electoral y símbolo de su imagen pública… pero hoy una indagatoria tiene como principal línea de investigación la compra de un terreno para dicha empresa por cuyo pago hubo triangulación de fondos al despacho en el que él y su padre son socios.
El modus operandi es similar al expuesto en la más reciente edición de la revista Proceso y consiste en una serie de transferencias entre distintas razones sociales que terminan en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados. Los recursos proceden de empresas dirigidas por magnates regiomontanos, presuntas firmas proveedoras del gobierno que en efecto lo son o bien han sido identificadas como factureras empleadas para la ordeña de recursos públicos.
La trama con el predio para Tesla tiene en el centro a North American Heavy Equipment (NAHE), una empresa cuyos socios son las firmas Meridian Equity Holdings, LLC y Zenith Capital Partners LTD, la primera constituida en Delaware, Estados Unidos, y la segunda, en Islas Caimán, es decir, empresas creadas en paraísos fiscales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) ha logrado establecer, con base en registros del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la mencionada NAHE pagó al despacho familiar de García Sepúlveda al menos 128 millones 398 mil pesos.
Aún peor: la cantidad mencionada tiene relación con un tinglado de firmas y aportaciones precedentes que se habrían realizado por contratistas gubernamentales y, de manera destacada, por firmas involucradas en la compraventa del terreno para la instalación de la Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León.
Dicha planta es una incógnita. Hasta ahora el arranque de obras está pendiente; los informes financieros de Tesla no contienen el anuncio de inversión y el gobierno de México asegura que no hay trámites. Además el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la suspensión tiene un tufo electoral y especulativo.
Con el periodo electoral en Estados Unidos, donde Elon Musk (dueño de Tesla) es abiertamente financiero, simpatizante y hasta eventual responsable de una megarreforma con Donald Trump, la inversión en México entró en suspenso. Como se sabe, el candidato republicano se opone a la inversión estadunidense en México.
Mientras tanto, la adquisición del predio ya tiene ganadores por la especulación sobre acciones de Tesla en 2023, e inclusive, a escala regional, de carácter inmobiliario. Y todo, en el escenario de un modelo peculiar de publicidad política.
Samuel García no sólo ha presumido hasta el cansancio el anuncio de inversión y las fechas de inicio hasta ahora incumplidas, sino que ha hecho del asunto un símbolo de su manera de gobernar bajo la idea de una “nueva política”.
Un ejemplo reciente fue la campaña presidencial, cuando Samuel García, al no ser el candidato de Movimiento Ciudadano, se convirtió en promotor de la campaña de Jorge Álvarez Máynez, con quien solía aparecer en la Cybertruck de color naranja, bautizada por él como Cyberfosfo, color distintivo del partido en el que ha hecho su carrera y de la expresión “fosfo-fosfo”, surgida de un video viral con la esposa del mandatario que se convertiría en leitmotiv de su campaña a la gubernatura.
Terreno y triangulación
En el cruce de la autopista Monterrey-Saltillo con el Anillo Periférico de Monterrey, con dirección a Saltillo, hay un terreno de 378 hectáreas que abarca dos ramales de arroyo y parte de la zona montañosa. El lugar es semidesértico y puede decirse que se ubica en el límite de la urbanización del área metropolitana regiomontana, que tiene por vecinas algunas aisladas naves industriales.
El seguimiento a una operación de compraventa de ese predio permite saber, con una factura de por medio, que la empresa Tesla Manufacturing México (una razón social que tiene por accionistas a Eugenio Grandio de la Torre y Daniel Alejandro Calvo Salinas), pagó poco más de 81 millones de pesos en dos exhibiciones.
Uno de esos dos pagos se hizo a la familia Garza Dávila, compuesta por seis hermanos de nombre: Elvia Esther, Cecilia Lamar, Laura Leticia, Lázaro Gerardo, Patricia Victoria y Adrián Eduardo. El monto fue de 49 millones 352 mil pesos, cubierto el 2 de febrero de 2023, y a cada hermano le correspondió un pago de ocho millones 225 mil dólares.
El otro pago fue por 31 millones 262 mil pesos, realizado el 31 de marzo de 2023 a una razón social identificada como BI del Norte.
