Por Érika Hernández
Agencia Reforma
MÉXICO.- A través de un juicio electoral, el organismo advierte que los jueces no tienen competencia para suspender actos de naturaleza electoral, además de que dichas suspensiones están obstaculizando su función.
«Las autoridades responsables carecen de competencia para pronunciarse sobre normas generales y actos de contenido materialmente electoral, al tiempo que dichos mandamientos y sus efectos constituyen una invasión de atribuciones constitucionalmente conferidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y están encaminados a la obstaculización de la función estatal de organizar elecciones conferida al Instituto Nacional Electoral», indica el recurso, el cual fue turnado al Magistrado Felipe de la Mata.
De las 71 suspensiones que han emitido jueces de diversos estados, hasta el viernes, el organismo electoral había recibido 25 notificaciones, en las que les dan de 24 a 48 horas para frenar la organización de los comicios del 1 de junio del 2025.
En todos los documentos que han llegado a la Oficialía de Partes del Instituto, la petición es la suspensión provisional o definitiva que garantice que: «El Consejo General del Instituto Nacional Electoral se abstenga de Implementar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, así como tampoco emita acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025».
En la mayoría de ellas se advierte que de no atender la suspensión, habrá sanciones: de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
El documento firmado por la encargada de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez, pide a los magistrados resolver de manera urgente su petición.
«Tener por presentada y acordar favorablemente la solicitud de medida de protección provisional a la continuidad de las actividades inherentes a la organización del proceso extraordinario 2024-2025, para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a las obligaciones que tiene esta autoridad en las disposiciones constitucionales en materia electoral.
«Tener por presentada la solicitud de acción declarativa, decretar su procedencia y, en consecuencia, se determinen los efectos que deparará el sentido de su resolución hacia terceros y hacia otras autoridades u órganos que integran los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación o de las entidades federativas, y del ámbito de los municipios de los Estados o de las Alcaldías para la Ciudad de México, con el propósito de que se garantice la adecuada implementación del proceso electoral extraordinario 2024-2025 y el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía a votar y ser votado», indica el recurso.
Lo que piden los jueces
Los jueces no sólo han exigido al INE frenar la organización de la elección, sino proteger a magistrados y jueces en concreto.
Por ejemplo, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, también ordena a la Cámara de Diputados no realizar las adecuaciones a las leyes federales de la reforma al Poder Judicial, las cuales tendrían que estar antes de diciembre.
Mientras que a las Legislaturas locales les demanda abstenerse de adecuar sus constituciones.
«Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados en el presente incidente.
«Bajo apercibimiento que, de no hacerlo en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos», indica.
En las notificaciones se argumenta que la suspensión protege los principios constitucionales de progresividad, retroactividad, acceso a la justicia, seguridad jurídica, autonomía e independencia judicial, así como «la división de Poderes y República».
En otras notificaciones únicamente se ordena que la reforma no aplique a determinados juzgadores. El Juzgado Noveno de Distrito en Morelos ampara a cinco magistrados de distrito.
«Pretender aplicar a las magistradas y al magistrado que adquirieron el derecho a la inamovilidad conforme a la anterior disposición Constitucional, la nueva norma que proscribe ese derecho, así como a tener una remuneración no disminuible, se estarían aplicando estas últimas retroactivamente en su perjuicio en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional.
«Que los quejosos no sean removidos de su encargo, ni cambiarlos de los órganos a los que estén adscritos, con motivo de la reforma reclamada, ni sean incluidos en el listado que el Senado debe enviar al Instituto Nacional Electoral», indica la suspensión.
En otras notificaciones más, los juzgadores lanzan duras críticas sobre la reforma electoral, como que la está guiada en ataques de odio y desprestigio, y atenta contra la dignidad humana de los juzgadores, pues califica a todos de «corruptos».
«Por ello, cuando se advierte una afectación a la dignidad (honor) de los justiciables, al ser un derecho humano inherente a la persona, el mismo debe ser objeto de mayor protección y garantía por parte del Estado», advierte otro juez de Colima.
