Reforma
A un mes de que inició la guerra entre dos facciones del Cartel de Sinaloa, esa entidad sumaba hasta ayer 192 asesinatos, un promedio de seis homicidios diarios, alertó el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
En ese periodo, el organismo reportó 224 desapariciones forzadas y el desplazamiento de 200 familias, principalmente en el sur del estado.
«Lejos de avizorar una cercana conclusión a este conflicto, conforme pasan los días se observa que la seguridad pública, el respeto de los derechos humanos, las actividades productivas, la economía y la salud socioemocional se descomponen cada vez más», alertó en conferencia de prensa Miguel Ángel Quevedo, coordinador general del CEPS.
«La gente vive con miedo, las escuelas están sin alumnos, los jóvenes son desaparecidos, las calles se quedan solas por las noches», alertó.
La violencia en Sinaloa, sobre todo en Culiacán y Mazatlán, ha dejado 180 negocios cerrados temporalmente, 80 de ellos ubicados en el centro de la capital del estado, y 20 de manera definitiva, mientras que mil 500 locales recortaron sus horarios, según Laura Guzmán, vicepresidenta de la Canirac en la zona norte del estado.
«Hay una caída en el turismo, los comercios tratan de hacer un esfuerzo por surtirse de mercancías, de pagar a empleados, pero no hay consumo, y tiene que ver con una psicología de guerra, de que la gente ahorra, esa psicología del miedo es más peor en algún momento que las balas, tenemos que resolver el tema económico porque si no ahora lo que viene es una guerra civil, de ese tamaño es el problema», alertó Guzmán.
En septiembre, añadió, en el apogeo de la pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, Sinaloa reportó la pérdida de 275 empleos de comercios, 561 en la construcción, 40 en transportes y comunicaciones y mil 7 en el sector de servicios para empresas, para un total de mil 883 puestos de trabajo perdidos.
Oscar Loza, integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, alertó que un fenómeno que se suma a la violencia son el incremento de secuestros exprés en los que los delincuentes exigen entre 30 mil y 40 mil pesos para liberar a la víctimas.
Loza advirtió que se requiere de la atención a las escuelas para que se cumplan las expectativas de los alumnos en sus estudios y se evite su integración al crimen organizado.
Quevedo, Guzmán y Loza dieron a conocer en la Ciudad de México una declaración en la que urgen el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
«Tenemos en puerta una emergencia social por el daño causado a los trabajadores, a las juventudes, a los pequeños empresarios, a comerciantes , a docentes y familias, principalmente más más vulnerables. En resumen peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades», refiere ese documento.
«No sólo es Culiacán, los impactos de este conflicto son sufridos desde Elota y Eldorado, pasando por Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Concordia, hasta Escuinapa, principalmente en comunidades rurales del sur de Sinaloa».
La convocatoria contempla en el plazo inmediato incentivos económicos y medidas sociales para evitar la emergencia social.
Entre estos se destaca un programa exprés de créditos blandos para Pymes, suspensión en el pago de impuestos, descuentos y prórrogas de pago en energía eléctrica y priorizar acciones de desarme.
También enlistaron reparación de daño a víctimas, puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán, que operativos de las Fuerzas Armadas reactiven la apertura de negocios y aliviar el miedo que tiene semiparalizada a la capital del estado con información oficial constante.
«La vida en Culiacán termina a las siete de la noche, no podemos salir al cine ni tomar un café después de las siete de la noche. En redes sociales contagian con información que impacta, eso genera miedo», destacó Guzmán.
La dirigente de la Canirac dijo que muchos comercios están migrando a vender sus productos o comida por aplicación, pero los que tienen esa posibilidad.
«El más golpeado es el comerciante, los Pymes, y este sector representa el 85 por ciento del mercado y es el más afectado, principalmente por las balaceras que ocurren en vía pública», remarcó.
Ayer, escoltados por militares, los Secretarios Omar García Harfuch, de Seguridad, y Ricardo Trevilla, de Defensa Nacional, realizaron un recorrido por la Colonia Las Quintas, donde Ismael «El Mayo» Zambada tenía algunas propiedades y negocios.
García Harfuch informó que reforzarán la seguridad en Sinaloa.
