Rubén Moreira Valdez
Es la segunda entidad con mayor pobreza y la quinta en rezago de educación y salud. Es territorio de contrastes: en los centros vacacionales, grandes magnates han construido fastuosas residencias, mientras miles de personas viven en la pobreza extrema. En uno de los últimos huracanes, humildes marineros se hundieron en la bahía de Acapulco junto con los yates de lujo que tenían bajo su cargo.
El estado es poseedor de una cultura y una riqueza natural como pocas. En la entidad se encuentran tres de los centros turísticos más emblemáticos del país: Taxco, con su arquitectura novohispana; Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco, con sus hermosas playas.
La violencia es una constante en la historia de la entidad, y en las últimas décadas se ha mostrado con toda su crudeza. No se trata de los movimientos guerrilleros de los setenta que buscaban romper con la explotación y la pobreza, ahora el crimen organizado es el generador de la inestabilidad. En la secuela de acontecimientos se inscriben hechos como Ayotzinapa o los homicidios de políticos.
Hay condiciones que facilitan el clima de violencia, desde la geografía hasta la inestabilidad política y social. Sin embargo, el mayor obstáculo para la paz es el gobierno del estado. Es evidente que no hay voluntad ni expertise para combatir al crimen. Hay muchas hipótesis al respecto, todas deberían ser exploradas por la autoridad federal que recién inicia.
Son insostenibles las actitudes del pasado sobre el fenómeno delictivo en Guerrero. Es inaceptable que se siga con la descalificación y el engaño. El gobierno federal tiene que voltear a ver lo que sucede en la entidad y tomar cartas en el asunto.
El homicidio de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, es el reto que los criminales lanzan al Estado y representa la certeza que tienen de jamás ser castigados. Es una muestra más de la indolencia del gobierno estatal, el mismo que no actúa en Taxco o en tierra caliente, el que fue incapaz de ofrecer seguridad a los candidatos, entre ellos, a José Alfredo Cabrera, asesinado en Coyuca de Benítez durante su cierre de campaña.
De lo sucedido a Cabrera no se sabe quién fue el autor intelectual, los materiales murieron, uno de ellos, segundos después del atentado y el otro en su celda. Qué casualidad.
En Guerrero hay producción, trasiego y venta de droga, pero también, una creciente y lucrativa industria de la extorsión. “Pagan piso” desde los hoteleros, hasta las autoridades municipales. El crimen designa funcionarios, cobra cuotas y realiza obra pública. Nadie dice nada, ni los políticos oficiales ni los auditores.
Guerrero es un grito que desnuda las pasadas elecciones. No se hizo caso a la alianza PRI–PAN-PRD cuando señaló la intervención del crimen en los comicios. Hoy queda claro: el narco decide quién va a gobernar en los municipios que son de su interés.
Nadie se engañe, el último crimen en Chilpancingo es un acto de terrorismo. Pasan los días y el gobierno del estado permanece mudo, en un silencio cómplice.
