Por Expansión
La Prensa
El ministro Javier Laynez Potisek aseguró hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí tiene la facultad de echar para atrás la reforma al Poder Judicial.
»Si la Corte determina que la reforma no es constitucional porque es violatoria de derechos humanos y de la separación de poderes, en ese momento dejaría tener validez la reforma», dijo Laynez durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula .
Cuestionado sobre si en verdad la Corte tiene la facultad para echar atrás la reforma, Laynez dijo que vía acción y controversia, sí.
»Creo que estaríamos ante un grave conflicto constitucional… yo no quiero llegar a ese punto… con consecuencias inimaginables en este momento», abundó el ministro.
»La Corte tiene tiempo. Puede suceder hasta un mes antes de la elección. No lo sabemos. Están las acciones que están entrando. Se turnan a un ponente que debe seguir un procedimiento», explicó sobre los plazos para que la Suprema Corte tome una decisión.
»Quiero ser cuidadoso con la utilización de los términos, pero es como todo, cualquier poder sin control, tiende a abusar. Es la historia de la humanidad. Desde la Revolución francesa lo sabemos», expuso.
Laynez dijo que lo que está en juego es el presente y futuro de los ciudadanos, si es que se reconoce que hay poderes ilimitados en México.
En diciembre de 2015, Laynez fue ratificado por el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En enero de 2019 fue designado como presidente de la Segunda Sala del máximo tribunal, cargo que desempeñó por el periodo de dos años.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, con Maestría y Doctorado en Derecho Públio por la Universidad de París.
Fue Consejero Jurídico Adjunto del Ejecutivo Federal por más de 10 años, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la Procuraduría General de la República; procurador fiscal de la Federación; magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros cargos.
En septiembre, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó la amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores.
El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque «no está al servicio del pueblo» y «responde a intereses de la delincuencia organizada».
La reforma ha generado, también, preocupación entre los inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y dañe el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) se declaró competente para determinar si la Reforma Judicial afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
