Por Milenio
La Prensa
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la elección de jueces y magistrados a través de voto popular, pero deja viva la elección de ministros por el mismo método.
El togado presentó su proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas que presentaron los partidos políticos nacionales PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en el que también propone que se invalide la figura de jueces sin rostro, así como el método de selección de candidatos a juzgadores federales.
“De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático. No existe certeza para los aspirantes al cargo de las cualidades que resultarán, en última instancia, definitorias para alcanzar a ser incluido en las listas”.
“No existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña. No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado”.
“En última instancia, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, el día de mañana, impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, sus obligaciones y sus libertades”, detalla el proyecto
¿En qué consiste el proyecto del ministro?
En el documento, el ministro subraya que ésta es la primera vez que la Corte se pronunciará sobre una reforma constitucional y deja claro que desde 1994 hasta la fecha, el Alto Tribunal solo había dado entrada a tres impugnaciones contra reformas constitucionales.
Respecto a la elección de ministros, Alcántara Carrancá propone al Pleno “autocontenerse” el análisis de este tema y evitar realizar un pronunciamiento, es decir, deja viva dicha elección.
Asimismo, deja de lado el estudio de diversos artículos que, de acuerdo con los partidos políticos, anulan la independencia judicial y subordinan a sus titulares al resto de los Poderes, debilitando con ello la democracia constitucional.
También reconoce la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad, lo que ha generado una crisis constitucional por la reforma judicial.
“La legitimidad del actuar constitucional de este Tribunal Pleno ha sido erosionada injustificadamente en la opinión pública y de la necesaria mesura institucional que debe imperar en la relación entre los Poderes de la Unión, la que nos lleva a autocontener nuestro análisis y a evitar realizar un pronunciamiento respecto de la reforma que se realizó al régimen aplicable a las ministras y a los ministros”.
También se propone anular el artículo 107, fracción X, primer párrafo, la porción normativa que señala que “tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales”.
