La decisión del juez J. Campbell Barker, designado por Trump durante su primer mandato, impide que más de 500.000 inmigrantes puedan regularizar su situación
Un juez federal en Texas ha declarado ilegal el programa migratorio “Keeping Families Together” de la administración de Joe Biden, que busca facilitar el estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses.
El juez J. Campbell Barker, nombrado en el primer mandato de Donald Trump, resolvió que la administración “carece de autoridad legal” para implementar este programa, lo que supone un duro golpe a la política migratoria de Biden, quien dejará la presidencia en enero de 2025.
La iniciativa, conocida formalmente como “parole in place”, fue lanzada en junio de 2024 y tenía como objetivo beneficiar a aproximadamente 500.000 inmigrantes que, sin estatus legal, están casados con ciudadanos estadounidenses.
El programa permite que estos inmigrantes comiencen el proceso de solicitud de residencia permanente sin abandonar el país, una opción que, según sus defensores, ayuda a evitar la separación de familias y los largos procesos que suelen implicar las gestiones desde el extranjero.
La normativa establece que solo quienes llevan al menos 10 años en EEUU y que se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024 son elegibles, además de unos 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
En agosto, Barker ya había suspendido temporalmente el programa tras la demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y un grupo de fiscales republicanos que argumentaron que el programa incentivaba la inmigración ilegal y violaba las leyes migratorias estadounidenses.
Tras esa suspensión, una apelación había permitido reactivar el programa, pero la sentencia de este jueves vuelve a detenerlo de forma definitiva, aunque el gobierno de Biden aún puede apelar.
Paxton, uno de los aliados de Trump, se mostró satisfecho con el fallo del juez y afirmó que la administración Biden estaba “recompensando a quienes violaron las leyes”.
En un mensaje en la red social X, el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, celebró la decisión judicial diciendo que “se detiene el intento de la administración Biden/Harris de eludir las leyes de inmigración”.
El fallo llega en un momento de creciente tensión mientras el presidente electo Donald Trump insiste en la necesidad de frenar lo que describe como una “invasión” de migrantes irregulares.
Trump, quien venció a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, ha prometido ejecutar “deportaciones masivas” una vez que asuma el cargo en enero. La campaña de Trump ha calificado el programa de Biden como una “amnistía masiva” que, a su juicio, fomentaría más inmigración ilegal.
La Casa Blanca aún no ha emitido un comunicado en respuesta a la sentencia, aunque se espera que el gobierno de Biden apele la decisión.
En tanto, los defensores de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación y decepción. Harold A. Solís, representante de la organización Make The Road New York, calificó la decisión como “un revés profundamente decepcionante e injusto para las familias que viven todos los días bajo el peso de la incertidumbre”.
“Debemos y seguiremos apoyando la unidad familiar a pesar de esta peligrosa decisión”, añadió.
Un reciente sondeo de Reuters/Ipsos reveló que una gran mayoría de los estadounidenses ve la inmigración como el principal desafío para la administración de Trump.
Muchos creen que el presidente electo cumplirá su promesa de deportar a personas que viven en el país sin documentos, lo que implicaría un cambio radical en la política migratoria de los últimos años.
POR: INFOBAE
