Los alcaldes deben de respetar las transiciones correspondientes, de no hacerlo, habrá sanciones: Marisol Martínez
Alonso Crisante
LA PRENSA
SALTILLO, COAHUILA.- Los ayuntamientos de Coahuila tienen la obligación legal de llevar a cabo el procedimiento de Entrega-Recepción de la administración, aunque la ley no establece una fecha específica para su realización. Sin embargo, algunas alcaldías no han iniciado este proceso crucial para la transición de poder, lo que podría traer consecuencias legales para los funcionarios salientes.
Marisol Martínez, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado, señaló que si no se cumple con este procedimiento, los funcionarios que terminen su mandato en 2024 podrían enfrentarse a denuncias, investigaciones e incluso sanciones administrativas o penales. La funcionaria destacó la importancia de cumplir con el proceso de entrega-recepción para garantizar la transparencia en la gestión pública y una transición ordenada entre administraciones.
A pesar de las solicitudes formales de los ayuntamientos electos, al menos cuatro municipios —General Cepeda, Piedras Negras, Múzquiz y Francisco I. Madero— aún no han comenzado el proceso de entrega-recepción. Esta falta de acción genera preocupación, ya que el procedimiento es vital para asegurar que los recursos, proyectos pendientes y servicios públicos se gestionen adecuadamente durante el cambio de administración.
El procedimiento de entrega-recepción abarca varias áreas fundamentales, como la Administración, que incluye la gestión de recursos y proyectos que están pendientes de ejecución, así como el sistema financiero, que debe asegurar la transparencia en la gestión económica de los fondos públicos. Además, este proceso permite realizar auditorías que favorecen la revisión exhaustiva de la gestión pública, asegurando que las operaciones se hayan llevado a cabo conforme a la normativa vigente y en beneficio de la ciudadanía.
Martínez recordó que este procedimiento es crucial para evitar posibles irregularidades y garantizar la continuidad de los servicios públicos, los cuales no deben verse interrumpidos por el cambio de administración. “Este procedimiento garantiza una transición ordenada y transparente entre administraciones, evitando posibles irregularidades y asegurando la continuidad de los servicios públicos”, afirmó la funcionaria.
La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila está atenta a la situación y continuará supervisando que todos los municipios cumplan con sus responsabilidades. De no realizarse el procedimiento de entrega-recepción, las consecuencias legales para los funcionarios responsables podrían ser graves, por lo que se hace un llamado a los ayuntamientos a tomar las medidas necesarias para evitar complicaciones.