Por El País
La Prensa
El presidente de Ecuador ha echado a su vicepresidenta, lo que venía buscando desde hace más de un año. Daniel Noboa no quería, bajo ningún concepto, que Verónica Abad asumiera la presidencia cuando él dimita para hacer campaña para las próximas elecciones presidenciales, convocadas para febrero de 2025. Previamente, el presidente ya había defenestrado a Abad: al poco de comenzar el mandato, envió a la segunda del Gobierno a Tel Aviv para “mediar” en el conflicto entre Israel y Palestina, una forma nada sutil de quitársela de en medio.
Abad, en declaraciones a este periódico, ha asegurado que se ha sentido hostigada, perseguida y que ha llegado temer por su vida. Sin embargo, no tenía pensado dimitir. Así, Noboa y su gente echaron mano de toda clase de argucias jurídicas para forzarla a abandonar el cargo, pero Abad planteó una resistencia que ha durado hasta ahora. El Ministerio de Trabajo la ha sancionado con 150 días de suspensión por “abandono injustificado de su empleo por tres o más días laborales”. Sariha Moya, quien ejercía el cargo de Secretaria de Planificación, será la nueva encargada de la vicepresidencia
El sumario administrativo se le ha abierto a Abad al considerar que la vicepresidente no llegó desde Israel a Turquía ―donde fue destinada a comienzos de septiembre de manera sorpresiva y mediante decreto presidencial― en la fecha establecida. El Gobierno de Noboa argumenta que ese retraso se produjo en un momento en el que se producía una escalada en Oriente Medio; un sinsentido si se tiene en cuanta la nula capacidad de mediación que tiene Ecuador en un asunto como este.
El caso es especialmente polémico porque Abad, cuyo cargo es de elección popular, se ve apartada del cargo por una sanción administrativa muy cuestionable. Gustavo Petro fue destituido como alcalde de Bogotá en una decisión semejante y María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, no pudo presentarse a las elecciones en Venezuela para enfrentarse al chavismo por otra resolución administrativa.
“Es una transgresión a la Constitución. No existe ninguna norma que habilite la suspensión de la vicepresidenta de la República”, sostiene tajante Ximena Ron, abogada constitucionalista. “La única vía para sancionar a una vicepresidenta es a través de un juicio político, no por medio de una sanción administrativa, como si se tratara de una funcionaria del servicio público, cuyo cargo no deriva de una dignidad popular”, argumenta Ron con rotundidad. Según la experta, la designación de Moya como vicepresidenta encargada no es solo un paso irregular, sino una afrenta directa al orden constitucional. “No existe norma que avale lo que ha hecho el presidente”, afirma.
La Constitución, señala Ron, establece dos tipos de ausencia para el cargo de vicepresidencia. La primera, la ausencia temporal, permite que el presidente encargue el puesto por hasta tres meses en caso de enfermedad o fuerza mayor. Sin embargo, como en el caso de Verónica Abad, sancionada por cinco meses, esta modalidad no es aplicable. En tal situación, debió considerarse la segunda opción: una ausencia definitiva, lo que implicaría la necesidad de que el presidente enviara una terna a la Asamblea Nacional, y que los asambleístas eligieran a la nueva vicepresidenta. “Esto, en definitiva, es una ruptura del orden constitucional”, insiste Ron. “Se está nombrando a una persona sin ningún fundamento jurídico que lo respalde”.
A través de redes sociales, Verónica Abad ha descrito los recientes hechos como una clara manifestación de autoritarismo. “El presidente Noboa y sus ministros han preparado, de manera organizada, la ruptura del orden constitucional y el golpe de Estado que se gesta para el 6 de enero de 2025, con el fin de tomar el control de la sucesión presidencial y, de esta forma, asegurar la reelección”, afirmó la vicepresidenta en un mensaje.
Las palabras de Abad resuenan con fuerza, ante lo que considera un atentado contra el marco legal y democrático del país. La situación se agrava aún más con la convocatoria que la Asamblea Nacional ha hecho a la vicepresidenta para evaluar un posible juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivone Núñez, quien, en su rol, fue la encargada de ejecutar la sanción administrativa que suspendió a Abad de su cargo.
“Hago un llamado fuerte y contundente a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional para que fiscalicen las acciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo que se están desarrollando en mi contra”, dijo Abad. La vicepresidenta también anunció su intención de llevar su denuncia ante la comunidad internacional, pues considera su destitución una grave violación de los principios democráticos en Ecuador.
