Por Expansión
La Prensa
Para reducir el déficit fiscal de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé un recorte de 706,000 millones de pesos en comparación con el gasto público aprobado para este año, de los cuales 94%, equivalentes a 662,000 millones, se aplicará al gasto programable, el cual es usado en su mayoría para la entrega de bienes y servicios a la población, y también para la operación de las dependencias públicas.
“Obviamente, se mantienen los programas sociales, hay recurso para los nuevos programas, para educación, para salud; hay ahorros en algunos temas, también muy importantes, que permiten orientar hacia la inversión de trenes, de carreteras, de agua”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 7 de noviembre.
La entrega del Paquete Económico 2025, que incluye la Propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se espera para el 15 de noviembre, y será Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, quien lo entregue al Congreso de la Unión, después de ser ratificado por el Congreso, esta misma semana.
La reducción que se prevé, frente al gasto aprobado, es de 9.9% real, la cual incluye gasto no recurrente previsto en 2024, destacó la dependencia en los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE). Dentro de los gastos no recurrentes este año estuvo el incremento en la inversión para el desarrollo de infraestructura, concentrado en proyectos insignia del sexenio pasado, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Habremos que estar atentos a lo que la presidenta refiere como ahorros, los cuales consideramos que más que ahorros, serán recortes al gasto público”, consideró Paulina Castaño, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Si bien los detalles se darán a conocer en la tarde del próximo viernes, especialistas esperan que los recortes o disminuciones a los presupuestos de las instituciones públicas se concentren en el gasto programable, en rubros donde se vieron recortes en la administración pasada, pues no hay margen para adecuaciones a la baja al gasto no programable, ya que este corresponde a erogaciones obligatorias y que año tras año absorben más recursos del sector público, como el costo financiero de la deuda, las pensiones y las transferencias federales a los estados a través de las Participaciones.
Lo que se vio en la administración pasada fueron recortes a los gastos de las instituciones sobre la marcha, en función de las prioridades del gobierno; también reasignaciones, es decir, que quitan recursos de un rubro para destinarlos a otros, como la extinción de fideicomisos y el destino de estos recursos para atender programas sociales, explicó Edson Valdés Iglesias, profesor investigador de la Universidad Veracruzana, en materia de Economía y Finanzas Públicas.
Un comparativo entre el presupuesto aprobado para 2019, el primer año de la administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador, y el aprobado para este año, destaca que los organismos con mayores descensos en sus presupuestos son: Pemex, Gobernación, CFE, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Agricultura y Desarrollo Social, así como Turismo y Economía.
En tanto, se vieron grandes incrementos en conceptos por Aportaciones a Seguridad Social; Instituto Mexicano del Seguro Social; Secretaría del Bienestar; Defensa Nacional, Energía, Entidades no Sectorizadas y Seguridad de Protección Ciudadana.
“Considerando que el gasto programable es para la atención a los ciudadanos, puede verse afectada la calidad de los servicios públicos como salud y programas a cargo de las dependencias con menores recursos”, explicó Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La necesidad de un recorte viene del objetivo de disminuir la diferencia entre los ingresos que llegan a las arcas y el gasto público, que es mayor a los primeros. Para 2025 se prevé que cierre en 5.9% del PIB, y el objetivo es llevarlo a 3.5%, de acuerdo con Hacienda.
“Para lograr un ajuste que no implique recortes que comprometan la provisión de bienes y servicios públicos, es necesario considerar una reforma fiscal que complemente los esfuerzos actuales para combatir la evasión y elusión fiscales”, consideró un análisis del IMCO.
No obstante, el gobierno actual descarta que venga una reforma fiscal, al menos, en 2025. Hacienda detalla que los ingresos apenas aumentarán 170,000 millones de pesos, frente al aprobado en 2024, principalmente por eficiencias en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la simplificación y digitalización de trámites.
