Rubén Moreira Valdez
La semana pasada nos enteramos de la ejecución de un operativo destinado a detener a servidores públicos del Estado de México que se presume tienen relación con el crimen organizado. En los mismos días se hizo pública la detención de dos cabecillas que operaban en el estado de Guerrero.
Sería mezquino no reconocer las dos acciones, como también es irresponsable la postura de algunos corifeos que magnifican la operación realizada por el gobierno. Hay que reconocer una nueva actitud frente al fenómeno delictivo y que en el ambiente flota la esperanza de que regrese la paz.
Tres rasgos marcan la diferencia con el pasado. 1.- hay un reconocimiento, más tácito que expreso, de la gravedad del problema. La presencia, días pasados, de Omar García Harfuch en la Cámara de Diputados apuntala lo anterior, 2.- En la narrativa oficial se instala la necesidad de la colaboración y participación de los gobernadores y el apoyo económico a las policías locales y 3.- el titular de la seguridad es un policía de carrera.
Las condiciones pudieren ser mejores. Estorba la carencia de personal para realizar operaciones que padece la Secretaría de Seguridad y los remanentes de la narrativa que instaló el pasado gobierno: abrazos y no balazos. El mantra que seis años se repitió parece cohibir a las autoridades e inhibir operativos de magnitud. Esos mantras generan comodidad o indolencia en los gobernadores, que parecen pasmados ante la violencia y la ocupación de territorios.
La paz real y definitiva requiere de la participación de las autoridades locales, la construcción de policías confiables y un contexto que genere condiciones para un desarrollo institucional y social sólido. No se puede mejorar sin evaluaciones periódicas, externas y confiables. En la actualidad hay dudas en los parámetros que sirven para estimar los avances e incluso en las estadísticas.
Para complementar la Operación Enjambre y ver un cambio profundo, a las autoridades locales les quedan muchas tareas por realizar. Algunas tan específicas como: 1.- certificar, capacitar y remunerar mejor a las policías. Es obvio que los detenidos operaban con subordinados y ellos deben quedar fuera de las corporaciones, 2.- erradicar el juego ilegal, la venta de alcohol y los giros negros. Todos ellos fuente de ingreso del crimen, 3.- trasparentar el ingreso de funcionarios a la administración pública y los procesos de contratación. Es un secreto a voces que muchos municipios del país tienen sus finanzas secuestradas por el crimen, y 4.- fortalecer la coordinación con las autoridades estatales. Es imposible para los municipios enfrentar solos a la delincuencia organizada.
Hay temas profundos, como la reconstrucción del tejido social, que significó un fracaso para la administración anterior. Sin embargo, lo más importante es actuar y para ello se requiere políticos decididos. Enjambre confirmó que el crimen se apodera de las administraciones municipales.
