La Policía italiana detuvo a 25 personas en una operación en Brescia (norte de Italia) contra la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa (sur), y entre ellas figura una monja que «usaba su posición de religiosa» para entrar en las cárceles y hacer de intermediaria entre los presos y la organización criminal.
A los detenidos, residentes en las provincias italianas de Brescia, Milán, Calabria, Como, Lecco, Varese y Viterbo, y en España, también se les han requisado fondos financieros y bienes por más de 1.8 millones de euros, informó este jueves la Policía.
La investigación, coordinada por la Fiscalía Antimafia y la Fiscalía de Brescia, permitió comprobar la existencia de una organización criminal de la ‘Ndrangheta que actuaba en la provincia y que había establecido con otro grupos de la periferia de Brescia «un acuerdo de mutua asistencia con el fin de llevar a cabo actividades delictivas».
La organización era capaz de «penetrar en las estructuras penitenciarias y enviar mensajes a los reclusos» utilizando a una monja que aprovechó “su cargo espiritual” para acceder libremente a las cárceles, confirmó la Policía en un comunicado.
La religiosa, cuya identidad fue revelada por los medios locales, es Anna Donelli, que llevaba 15 años como voluntaria en la cárcel de San Vittore de Milán (norte) tras haber realizado esa misma labor en otras prisiones de Pavia y Roma.
También fueron puestos bajo arresto domiciliario Giovanni Acri, ex concejal municipal de Brescia del partido Hermanos de Italia, y Mauro Galeazzi , ex miembro de la Liga en el municipio de Castel Mella, ya detenido en el pasado por sobornos y luego absuelto y al que ahora se acusa de pactar con la mafia para obtener apoyo electoral del clan a cambio de futuros beneficios ilícitos económicos recíprocos.
Los detenidos están acusados de extorsión, tráfico de armas y drogas, recepción de bienes robados, usura, delitos fiscales, blanqueo de capitales, así como intercambio electoral político-mafioso.
La organización «local» era capaz de «llevar a cabo las acciones típicas de las organizaciones mafiosas»; como extorsiones, tráfico de drogas y armas, receptación e intercambio electoral político-mafiosos, porque fueron capaces de replicar el vínculo asociativo de su matriz.
Además, habrían constituido múltiples empresas “pantalla” que operaban en el sector del comercio de chatarra, que emitieron facturas ficticias por unos 12 millones de euros, con el objetivo de permitir que los empresarios cómplices, descontando la comisión que correspondía a la organización, se beneficiaran de la reducción de impuestos y de blanquear el dinero proveniente de los delitos cometidos, explicaron en un comunicado.
