Por Reforma
La Prensa
México retrocedió en la lucha contra la corrupción en los últimos dos años, pese a ser uno de los compromisos del último Gobierno federal, informó el Centro Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de Nueva York.
De acuerdo con la «Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2023-2024», que se encarga de mapear los esfuerzos para prevenir y combatir este fenómeno en 18 naciones, el País no alcanzó la calificación media, en la que 10 es la máxima y 0 la mínima.
Y es que México pasó del lugar 9 (en 2021-2022), con una calificación de 5.65 puntos, al 11, con 4.62 de puntaje general.
Entre las causantes de la caída, expuso el Centro Vance, se encuentran la persistente impunidad, la ineficacia de las Fiscalías, los recientes cambios al Poder Judicial de la Federación y la desaparición del INAI.
«Los resultados actuales no han demostrado una alta eficiencia de la atención a las políticas anticorrupción establecidas», indica el documento.
«La alta impunidad refleja los obstáculos que aún enfrenta la disparidad entre la realidad practica y la realidad jurídica en el combate a la corrupción en el País».
El estudio, que presentó ayer su tercera edición, califica por separado tres aspectos.
El primero de ellos es la «Legislación», en el que se analiza la fortaleza del marco institucional, en este México obtuvo 8.7.
El segundo aborda a las «Autoridades», que toma en cuenta la eficacia de las instituciones, y aquí se dio un puntaje de 3.40.
Finalmente, analizan la «Implementación» del diseño institucional, en donde el País sumó 2.45 puntos.
Pese a que México destaca por tener una legislación robusta, pues en 2014 y 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el estudio señala que falla en la implementación y en la eficacia de los Órganos Internos de Control y de las Fiscalías Anticorrupción.
La evaluación tomó en cuanta el marco legal de los últimos dos años de la Administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la reforma constitucional para que Jueces, Magistrados y Ministros sean elegidos por voto popular y la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
«La elección (de los impartidores de justicia) podría no garantizar que las personas elegidas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar sus funciones y comprometer su independencia e imparcialidad. Representando un riesgo no solo en la impartición, acceso a la justicia e independencia judicial, sino también en la división de poderes y el Estado de derecho», señaló el Centro Vance.
En el caso INAI su desaparición implica que parte de sus funciones serán absorbidas por el Poder Ejecutivo, además de que el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por siete instituciones, perderá a uno de sus miembros.
«A pesar de que claramente la comunidad jurídica reconoce la transparencia como una herramienta muy importante para la lucha contra la corrupción, hubo una reforma constitucional en noviembre de 2024 para desaparecer esta institución y regresar las funciones al ámbito del ejecutivo», indicó la evaluación.
El estudio señala que los países de Latinoamérica en los que manejan mejor la corrupción son Uruguay, con 5.95 puntos; Chile, con 5.90; Costa Rica, con 5.83 y Colombia, con 5.74.
