Erika Fuentes Padilla –como si ella fuera la defensora- pidió una audiencia para la celebración de un acuerdo con los delincuentes de largo historial
Alexis Massieu
La Prensa
Un aparente caso de corrupción en el Ministerio Público, fue el que concluyó el día de ayer con tres presuntos asaltantes de vuelta en las calles de San Buenaventura, lugar en el que la banda de ladrones, había estado operando hasta el pasado mes de agosto, cuando fue desmantelada con motivo de un atraco a mano armada.
Fue Miguel Ángel Reyna Adam, el hasta hace poco, abogado de los acusados, Hael Ramón, José Manuel, y Cristian Rolando “N”, quien denunció que la abogada de la Fiscalía, Erika Fuentes Padilla, convenció a sus clientes para que lo revocaran como defensor, y enseguida -cual si fuera ella la defensora-pedir una audiencia para la celebración de un acuerdo con el que fueron puestos en libertad.
Lo anterior quedó demostrado con un oficio del Poder Judicial, emitido el martes 18 de diciembre, cuando se informó a los involucrados en la causa penal 740/2024, de tres movimientos en el expediente, siendo el primero, el oficio con el que la agente del Ministerio Público solicitó una audiencia para celebrar una suspensión condicional del proceso, seguida de la destitución del abogado defensor, y una petición a la Defensoría Pública, para que designara a un abogado de oficio a los acusados.
“La licenciada habló con mis clientes, diciéndoles que le pagaran a ella para que pudieran salir de la cárcel, y lo logró, el día de hoy (miércoles 19 de diciembre), sacando a los tres muchachos; y ¡qué bueno!, porque yo era su defensor, aunque mi trabajo lo terminó haciendo el Ministerio Público”. señaló Reyna Adam.
De esta manera, fue que salió a relucir que la audiencia solicitada por la abogada de la FGE, para proponer la salida alterna, se hizo sin que el abogado Miguel Ángel Reyna lo supiera, pese que seguía siendo el defensor autorizado, el cual; ignoraba los acuerdos a los que habían llegado el Ministerio Público y la asesora legal de la víctima, con los acusados.
Fue entonces, que sin contar con un abogado debidamente preparado, por la falta de tiempo para que los de oficio estudiaran la carpeta de investigación, se llevó a cabo la audiencia, en la que según el abogado inconforme, a cambio de una reparación del daño, se aprobó la suspensión condicional a favor de Hael Ramón, José Manuel, y Cristian Rolando “N”, quienes estaban acusados de haberse robado una camioneta, amagando a la víctima con un arma de fuego.
“Cada quien tiene su función, ella es la representante social, y resulta que pide una audiencia para lograr la libertad de los presuntos responsables, como si fuera su defensor”
Más allá de que no haya una prohibición tajante de la ley para que la abogada de la Fiscalía solicitara la audiencia, explicó que al hacerlo, quedó evidenciado el interés del Ministerio Público, de manejar el caso a su conveniencia.
“No es correcto que solicite una audiencia para que logren la libertad tres personas, a las que el propio Ministerio Público, las tenía encerradas”. Sentenció el abogado inconforme.
Extraoficialmente se supo, que a la afectada se le pagó poco más de 60 mil pesos como reparación del daño, más la devolución de la camioneta que ya había sido asegurada por las autoridades.
