Por Milenio
La Prensa
El castigo que más se aplica a servidores públicos de los gobiernos estatales por ocultar su patrimonio es la amonestación, es decir, un regaño.
Mientras que a escala federal las amonestaciones por omisiones en las declaraciones anuales se imponen en tres de cada 10 casos, a nivel estatal el regaño es la sanción más socorrida, pues se aplica en siete de cada 10 señalados de entregar falsa documentación de bienes, según datos de contralorías estatales recopilados por MILENIO.
No obstante, sobresalen casos muy específicos en Durango y Nayarit, en los que se aplicaron inhabilitaciones de un año a funcionarios estatales de alto nivel, como secretarios del gabinete y hasta el rector de una universidad.
La obligación de declarar cuántos bienes posee cada burócrata, sin importar su cargo en una institución federal, local o municipal, se impuso desde julio de 2017, con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte de las normas del Sistema Nacional Anticorrupción, pues antes solo tenían que hacerlo los funcionarios de niveles superiores.
Desde el conserje del municipio más pequeño del país hasta la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia o la Presidenta están obligados a reportar, por ejemplo, cuánto dinero, autos y casas poseen.
Mediante solicitudes de transparencia dirigidas a las contralorías de los gobiernos estatales, MILENIO pidió conocer el número de empleados sancionados y el castigo que se les impuso por incumplir con dicha obligación.
De las 32 entidades, 25 respondieron, aunque no todas entregaron información desglosada, y siete no contestaron.
Con base en los datos proporcionados se pudo conocer que de julio de 2017 a septiembre de 2024 se aplicaron sanciones a 4 mil 244 trabajadores de 25 gobiernos estatales por omitir presentar su declaración.
De esas sanciones, 74.3 por ciento, es decir, 3 mil 156 son amonestaciones; 19.65 por ciento, o sea, 834, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos; 231, que equivalen a 5.44 por ciento, suspensiones temporales de su trabajo, y el resto, menos de 1 por ciento, multas o destituciones.
Pero la amonestación no solo es la sanción más ligera que se impone, sino que incluso puede ser privada o pública.
De las más de 3 mil amonestaciones reportadas, 2 mil 754, que equivalen a 87.2 por ciento, fueron privadas, es decir, se trata de una llamada de atención verbal y discreta entre el empleado y la autoridad, mientras que solo 335 fueron públicas, o sea, castigos que se registran en el expediente del trabajador.
Según la ley, para la imposición de sanciones por faltas como la omisión de presentar la declaración patrimonial, se debe considerar elementos como el cargo o comisión que desempeñaba el servidor cuando incurrió en la falta, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio, así como los medios de ejecución y la reincidencia.
De la información aportada por las contralorías estatales se desprende que 30 por ciento de los 4 mil 244 trabajadores sancionados pertenecen al sector educativo estatal, es decir, son maestros, subdirectores, directores, instructores, asistentes y demás personal escolar.
En 15 por ciento de los casos se trató de personal de instituciones de salud, como médicos, enfermeras, camilleros, jefes y directivos de hospitales, y en 10 por ciento, personal de cuerpos policiacos estatales.
Peces gordos
Las contralorías de Nayarit y Durango destacan porque son las únicas que reportaron sanciones severas a funcionarios de alto nivel por no presentar su declaración patrimonial.
En 2022, la Secretaría para la Honestidad y la Buena Gobernanza de Nayarit inhabilitó por un año al ex secretario de Economía Ernesto Navarro, quien encabezó esa dependencia entre 2017 y 2021, en el gobierno de Antonio Echavarría.
Además de la omisión en su declaración patrimonial, el ex funcionario enfrentó un proceso penal en la fiscalía estatal por desvío de recursos.
Según los reportes periodísticos, a Navarro se le acusó de haber firmado un convenio para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional de Emprendedor que benefició a integrantes de su grupo político.
En Nayarit se reportó la inhabilitación por ocho meses, en septiembre de 2022, de un ex rector de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, pero no se incluyó su nombre ni se encontró información periodística que la documente.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría de Durango informó que en 2023 inhabilitó durante un año a un ex secretario de Finanzas, un ex subsecretario de Minas y Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal y un ex consejero general de asuntos jurídicos del gobierno.
Sin embargo, en su respuesta, la Contraloría no proporcionó los nombres de los implicados y tampoco hay reportes periodísticos de esas sanciones.
También reportó la inhabilitación, también por un año, por omitir su declaración patrimonial, de un subsecretario de Egresos de Finanzas local, de quien sí hay información periodística porque, en un proceso aparte, fue sancionado penalmente por delitos relacionados.
Se trata de José Alberto Bustamante Curiel, quien fue acusado de peculado, por lo que se le sentencio a 10 años de prisión, una multa de 62 mil 734 pesos y la reparación del daño por la cantidad de 119 millones 833 mil 174 pesos.
Aunque las cifras proporcionadas por las contralorías suman más de 4 mil empleados estatales sancionados, su distribución no es equitativa por entidad.
Por ejemplo, Hidalgo es el que más sanciones reportó, con mil 915, mientras que Guanajuato reportó dos y Tlaxcala una.
De las mil 915 sanciones aplicadas por la Contraloría de Hidalgo, 75 por ciento, son amonestaciones públicas o privadas, mientras que las dos de Guanajuato y la única de Tlaxcala son inhabilitaciones.
En Zacatecas, Quintana Roo y Chiapas, la mayor proporción de las sanciones son inhabilitaciones y en Puebla, suspensiones.
Coahuila es el único estado que reveló los nombres de sus sancionados, pero no precisó los cargos que tenían ni las dependencias en las que laboraban; Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Yucatán informaron que en siete años no sancionaron a ningún funcionario, mientras que Aguascalientes, Campeche, CdMx, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Estado de México no entregaron datos .
