Este viernes, en el DOF, fue publicada la reforma constitucional que prohibe los vapeadores y el uso ilícito de fentanilo, que da un año a los estados para adecuar sus leyes con base en el decreto.
El Ejecutivo federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales en materia de protección a la salud, por las que se establece la prohibición del uso de vapeadores, así como el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
El decreto, que mañana entra en vigor, establece además los plazos para que el Congreso de la Unión y legislaturas locales de los 32 estados del país armonicen su marco jurídico y realicen las adecuaciones normativas necesarias para prohibir el uso y comercio de vapeadores.
También deroga todas las disposiciones que se opongan a su contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
El artículo tecercero transitorio del decreto establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias de este Decreto.
Mientras que las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con el Decreto, dentro de los 365 días naturales siguientes a su publicación.
«Las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación de este ordenamiento», señala.
«Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos».
Las modificaciones constitucionales publicadas este viernes en el DOF son a los artículos 4 y 5 de la Constitución, en los que se establece que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. También prohíbe la profesión, industria, comercio interior o exterior y trabajo de dichas actividades.
Esta disposición fue propuesta en febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada el pasado 11 de diciembre por el Senado de la República.
Aunque senadoras y senadores del PAN, del PRI, MC y Morena presentaron reservas para modificar el dictamen, el pleno no las avaló y el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor y 39 en contra.
Tras la aprobación de la reforma que prohíbe los vapeadores, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal implementará estrategias de inspección para garantizar que no se comercialicen los vapeadores que, enfatizó, tienen sustancias dañinas para la salud.
“Hacen mucho daño a la salud, entonces ya fue aprobado. Nos va a corresponder, a través de Cofepris y de las instancias de inspección, pues que no se comercialice, pero es un mensaje muy claro de que a todos los jóvenes, las y los jóvenes, adolescentes que usan los vapeadores, vean nada más las sustancias que tienen”, dijo el pasado 13 de diciembre.
«Es que el efecto de la utilización de vapeadores pues parece que es menor que el cigarro y resuta que hay sustancias que hacen muchísimo daño a la salud», añadió entonces.
En un recorrido realizado por Expansión Política se encontró que los vapeadores son vendidos en distintos puntos de la Ciudad de México a precios accesibles, incluso en las cercanías de Palacio Nacional: 50 pesos el de 5,000 fumadas, 35 pesos de 1,000 vapeos.
La prohibición tendrá el reto de ser aplicada no sólo en grandes cadenas de conveniencia y «smoke shops» legalmente establecidas, también en el mercado irregular que se encuentra en las calles.
Expertos han alertado que apostar por la prohibición, y no por la regulación, conlleva problemas como el no cobro de impuestos y el posible aumento del mercado negro de ese producto.
