Una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en su primer día de regreso en el cargo ofrece una nueva definición del gobierno federal de los sexos que podría tener un impacto importante en las personas transgénero de todo el país.
La orden exige que el gobierno federal defina el sexo como masculino o femenino únicamente y que eso se refleje en documentos oficiales como pasaportes y políticas como las asignaciones de prisiones federales. En cuanto al gasto federal, no está claro qué significará en la práctica su promesa de poner fin a las clasificaciones de género más amplias.
Es probable que muchas de las disposiciones sean impugnadas ante los tribunales.
La orden contiene detalles específicos sobre cómo debería aplicarse en las prisiones federales, que albergan a casi 2 mil 300 reclusos transgénero, aproximadamente 1.5% de la población total.
Exige alojar a las mujeres transgénero (hay más de mil 500) en cárceles de hombres y detener la atención médica que afirma el género.
En los últimos años, al menos dos reclusos transgénero se han sometido a cirugías de reafirmación de género financiadas por el gobierno como resultado de órdenes judiciales. Un número mayor ha recibido otros tratamientos, como hormonas.
Sarah Warbelow, directora legal de Human Rights Campaign, dijo que las órdenes judiciales que otorgan a los reclusos acceso al tratamiento siguen vigentes, incluso si cambia la política federal.
La ACLU dice que algunos abogados defensores han dicho que las mujeres transgénero encarceladas estaban siendo trasladadas a aislamiento o se les había dicho que serían transferidas a prisiones de hombres.
La Oficina de Prisiones no respondió a las preguntas sobre si se trasladará a los reclusos.
