Se busca “mantener a los extranjeros criminales potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades”
Por Staff
Latinus/La Prensa
ESTADOS UNIDOS.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos anunció que hoy dieron inicio las “operaciones específicas reforzadas en Chicago para hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional”.
La dependencia informó en su cuenta de X que se trabajará en conjunto con el FBI (Buró Federal de Investigación), la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), la DEA (Administración de Control de Drogas), el CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Con los operativos, dijo la institución dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, se busca “mantener a los extranjeros criminales potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades”.
Ayer, el Senado de Estados Unidos confirmó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, lo que puso a la gobernadora de Dakota del Sur al frente de una extensa agencia que es esencial para la seguridad nacional y los planes del presidente Donald Trump para frenar la inmigración ilegal.
La secretaria de Seguridad Nacional supervisa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Trump está planeando cambios importantes en cómo funciona el departamento, incluyendo la participación del ejército para hacer cumplir la ley de inmigración
El presidente Trump firmó el miércoles pasado una orden ejecutiva mediante la cual ordena el cierre de la frontera de Estados Unidos con México a la migración ilegal.
Según el comunicado oficial, la medida busca “repeler, repatriar y eliminar de inmediato” a los extranjeros indocumentados considerados parte de una “invasión”, amparándose en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución y en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La orden otorga al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado la autoridad para implementar acciones inmediatas, incluyendo la restricción del acceso al asilo.
