La Prensa
Agencias
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación contra dos jueces que otorgaron suspensiones para frenar la reforma judicial, quienes por tal motivo denunciaron ser víctimas de persecución política.
Los jueces fueron denunciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encabezado por Mónica Soto, y ayer la FGR les notificó que están siendo investigados por delitos contra la administración de la justicia.
Así lo dieron a conocer los juzgadores, Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán y Gabriela Ruiz Márquez, jueza de Distrito en Jalisco, durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF) de este viernes.
Santamaría Chamú relató que recibió un oficio de la FGR, donde se le solicitó información sobre el juicio de amparo que recibió y en el que concedió una suspensión definitiva con base en la que el Comité de Evaluación del PJF frenó el proceso de selección de candidatos para la elección de junio próximo.
De acuerdo con el juzgador, la Fiscalía le requirió que enviara copias certificadas del expediente de amparo mismo que, conforme a lo informado por Proceso el pasado 27 de enero, envió en original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajo el conflicto derivado de la suspensión que concedió el juez y las resoluciones del TEPJF que señalan que los jueces de amparo no pueden frenar la reforma judicial.
La jueza Ruiz Márquez afirmó que también recibió un oficio similar al de su compañero a raíz de las resoluciones que ha emitido contra la reforma judicial, pues ella concedió el primer amparo en contra de dicha modificación por considerar que el Congreso de la Unión no está facultado para cambiar la Constitución a ese nivel.
“Yo no tengo miedo. Lo he dicho en anteriores ocasiones, mi resolución fue con base en las facultades constitucionales que tengo está fundada y motivada. Hice un estudio exhaustivo del caso, expuse los razonamientos y los diversos argumentos por los que considero que esta reforma está fraguada de vicios que la llevan a su invalidez total”, afirmó.
Agregó que por mayoría de votos el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra.
Durante la conferencia estuvo presente el abogado Samir Fajardo Morales, quien recordó que existe una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el acoso a partir de un discurso de odio contra los actuales juzgadores, acoso a partir de amenazas con juicios políticos, demandas administrativas y denuncias penales.
Consideró que las amenazas contra los jueces ya se materializaron con las carpetas de investigación que inició la FGR y aseguró que existen varias más.
“Le estamos pidiendo a la CIDH que active sus funciones de prevención y que no se espere hasta que se violen definitivamente los derechos. La mejor defensa de los derechos humanos es preventiva”, manifestó.
