Temen acciones en Monclova
En Saltillo le fueron incautados a empresario 25 mil artículos de origen asiático
Alexis Massieu
La Prensa
Temiendo el decomiso de mercancías de origen chino, presuntamente ilegales, un comerciante identificado como Guoyu Yu, le solicitó un amparo al juzgado federal local, buscando anticiparse al arribo de autoridades de los tres niveles de gobierno, como ocurrió a finales del año pasado en Saltillo, donde se decomisaron cerca de 25 mil artículos de origen asiático ingresados de manera ilegal en nuestro país.
Se trata de una demanda de amparo identificada con el número 4/2025, que fue presentada por el referido comerciante chino radicado en la capital del Estado, y que en esta ciudad tiene diversos establecimientos para la venta de mercancía china, como son “juguetes, curiosidades, y luminarias denominadas KIKIS”.
Debido a que en el Juzgado Cuarto de Distrito se le requirió más información al comerciante chino para poder darle trámite a su demanda de amparo, este juicio se encontraba estancado, de tal manera; que de realizarse un operativo por parte de las autoridades, y en caso de encontrar mercancía ilegal, no habrá orden judicial alguna con la cual impedir el decomiso y el cierre de esos negocios.
Uno de los requerimientos de información que le hizo el juzgado federal al comerciante chino, es en relación a las autoridades que señaló como responsables de querer cerrarle sus negocios, pidiéndole que en concreto, les indique cuál sería el papel que jugarían cada una de ellas, dado que algunas suelen dar las ordenes, y son otras las que acuden a cumplirlas.
Cabe recordar, que los decomisos de mercancías chinas-ilegales en México, derivaron en gran parte, de la presión ejercida por Donald Trump a su llegada la Presidencia de los Estados Unidos de América, señalando que había una competencia desleal, y esto afectaba a la relación económica entre las dos naciones.
La reacción del Gobierno Federal, fue un “mega-decomiso” de mercancías chinas en la Ciudad de México, y sus posteriores réplicas en distintas ciudades y entidades federativas, como sucedió en Saltillo el pasado 17 de diciembre (2024).
A la par de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal, ya en el Congreso de Coahuila, se estaba analizando la necesidad de realizar en conjunto con las autoridades federales y locales, inspecciones a este tipo de establecimientos para garantizar que operen con legalidad y que los comerciantes locales no queden en desventaja.
