La Prensa
Agencias
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, acusó que la entrega de 29 criminales de Estados Unidos se debió a que «existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años».
García Harfuch afirmó en conferencia de prensa con el Gabinete de Seguridad que el traslado de los criminales tiene como objetivo disminuir la violencia en México, así como los delitos de alto impacto, combatir la impunidad y garantizar la seguridad nacional.
El secretario declaró que las 29 personas eran requeridas en Estados Unidos por diversas investigaciones en su contra, tales como «delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros delitos».
Omar García Harfuch aseguró que los trasladados representan un alto impacto a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos.
Por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aclaró que se trató de un traslado y no de una extradición.
De acuerdo con el fiscal, el traslado de las 29 personas se hizo a partir de una solicitud del gobierno estadounidense avalada por la Convención de Palermo, un tratado multilateral contra la delincuencia organizada transnacional, y que en la petición se especificó el nombre y apellido de los requeridos.
«Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento», afirmó Gertz Manero.
El gobierno mexicano, precisó, actúo de acuerdo al artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, en el que se define lo que es una amenaza a la seguridad nacional, y al artículo 89 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Al preguntarle si habría más traslados de personas vinculadas al crimen organizado al país vecino, el fiscal respondió que por el momento no había más solicitudes para llevarlas a cabo.
El jueves por la tarde, el gobierno federal anunció que 29 personas habían sido trasladadas a distintos estados de Estados Unidos al ser requeridas por vínculos con el crimen organizado.
