Por Agencias
La Prensa
El Consejo General del INE aprobó un tope genérico de gastos para todas las candidaturas de la elección judicial federal de 220 mil 326.20 pesos para los 60 días de campaña, es decir, tres mil 672.10 pesos diarios, pues éste es el límite impuesto en la reforma judicial, por lo que no se diferenciará si el cargo es nacional como la Suprema Corte o sólo regional o distrital.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó el proyecto y planteó en la mesa otra propuesta, que consideraba los 220 mil 326.20 pesos como un piso y no como el tope, disparando los gastos para las candidaturas para la Suprema Corte hasta 1.4 millones de pesos, pero no logró respaldo del Consejo General y ni siquiera de su bloque cercano.
En un debate de más de dos horas, se presentaron tres propuestas: la aprobada por la Comisión de Fiscalización que buscaba un tope genérico para todas las candidaturas pues estas campañas privilegiarán las redes sociales y no los mítines en territorio; la de Guadalupe Taddei que buscaba elevar todos los montos y la del consejero Uuc-kib Espadas que planteaba incluso disminuirlo, dejando los 220 mil pesos para cargos nacionales y reduciendo a 162 mil pesos los regionales, de circuito y distrito.
La propuesta que prevaleció fue la de la Comisión de Fiscalización, pues la mayoría del Consejo General coincidió en que la propia reforma judicial incluyó en las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció la prohibición de financiamiento público y privado, y sólo permitir recursos propios.
Pero también determinó que el Consejo General establecería el tope de gastos de campaña, dejando expresamente la restricción en el artículo 522 de que “no podrán ser superiores al límite de aportaciones individuales que pueden realizar las personas candidatas independientes a diputaciones”, que es precisamente, los 220 mil 326.20 pesos establecidos.
Es decir, fue el Poder Legislativo, el que de origen, fijó en la propia reforma judicial y sus leyes secundarias, equiparar con una diputación federal independiente, a todas las candidaturas de la elección judicial por igual, sin importar si compiten para la Suprema Corte, para Tribunal de Disciplina Judicial, para magistraturas electorales de la Sala Superior o Salas Regionales o si aspiran a magistraturas de circuito o de juzgados de distrito.
Por lo que el consejero Arturo Castillo reconoció que aunque el monto es inequitativo, este es otro de los conceptos que no le corresponden al Consejo General ajustarlos, pues es parte de lo que impuso la reforma judicial.
“Yo no encuentro una razón para justificar la imposición o la determinación de un tope de gastos de campaña más alto. Me guste o no me guste este modelo, es lo que dice la ley, ¿me parece que es inequitativo en relación con la renovación de los otros dos poderes?, sí, sí lo es, pero es la norma vigente tanto a nivel constitucional como a nivel legal.
“Por lo que respecta al riesgo de que las personas rebasen o no el tope de gastos de campaña, bueno, a ver, esto es lo que dice la ley. Si la ley establece un tope de gastos de campaña alto o bajo, no es algo que a nosotros nos toque juzgar; si esto genera un efecto o podría generar en los hechos un efecto o podría generar en los hechos un efecto de rebase de topes de gastos y de sancionamiento generalizado, bueno, pues entonces tendremos mucho trabajo en fiscalización, pero no podemos infringir una norma que es a hoy vigente”
En lo que coincidieron la consejera Dania Ravel, Claudia Zavala y Rita Bell López, así como el consejero Jaime Rivera, pues destacaron que aunque “la reforma no es muy sólida entre congruencia y realismo”, es lo que está establecido y cambiarlo en la mesa del Consejo General sería una violación legal.
Así, las campañas se centrarán en redes sociales, pues la reforma no prevé el mismo proceso que en las elecciones ordinarias, ni mítines masivos ni concentraciones territoriales, sino únicamente foros genéricos gratuitos y equitativos.
