EU tiene información suficiente para proceder, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no generar un conflicto político
Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
No todas las noticias que han salido de Washington en los últimos días han sido positivas para el gobierno de México, aunque sean efímeras, como la nueva suspensión de aranceles. La más inquietante de todas es la confirmación de que el presidente Donald Trump sí quiere la cabeza de políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado y su gobierno está explorando acciones inéditas para lograrlo. Las presiones han estado subiendo de tono, aunque todavía de manera informal, para la entrega de narcopolíticos a la justicia estadounidense.
Funcionarios del Departamento de Estado han sostenido conversaciones con sus contrapartes en México para proponer un acuerdo bilateral para investigar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, con el propósito de que sean detenidos y puedan ser extraditados a ese país. La petición ha ido acompañada de una velada amenaza: si no ven avances en esa dirección, podría darse una denuncia pública en Washington antes de que venza el siguiente plazo para la revisión de aranceles el próximo 2 de abril.
Nunca se había dado una petición tan inusual, pero tampoco había existido tanta información y evidencias sobre políticos mexicanos trabajando con los cárteles de las drogas, que al mismo tiempo hubieran sido blindados desde lo más alto del poder en este país, que se tradujera en impunidad.
Los funcionarios estadounidenses no pusieron nombres sobre la mesa, hasta donde se sabe, pero causaron preocupación en Palacio Nacional, donde los dos grupos de trabajo que apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum en el análisis de la relación bilateral —uno es institucional, encabezado por los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, y el otro es externo, dirigido por un consultor muy cercano a ella, con quien ha trabajado por años— tendrán que proponer alternativas para contener y evitar que la petición informal se materialice.
Las noticias sobre el interés de Washington sobre políticos mexicanos metidos con el crimen organizado vinieron a reforzar la creencia de que la administración Trump sí está pensando en actuar contra algunos de ellos, con o sin autorización del gobierno mexicano. Hay incluso preocupación dentro de Morena sobre lo que pudiera pasar con dos gobernadores, Rubén Rocha Moya de Sinaloa y Américo Villarreal de Tamaulipas, que están incluidos en una investigación bilateral que data de más de un año, por sus presuntas vinculaciones con el Cártel de Sinaloa y con los empresarios que manejaban el robo de combustible en el noreste del país, con el cual financiaron ocho campañas de Morena para gubernaturas en 2021.
En el contexto de la petición informal de funcionarios del Departamento de Estado, hubo deliberaciones al más alto nivel en donde se llegó a plantear la posibilidad de que en esa lista se incorpore a los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
El primero ha sido señalado por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, de haber nombrado como secretario de Seguridad a quien era el jefe de una organización criminal —caso que entra en la “inaceptable alianza” del gobierno mexicano con criminales, planteada por Trump—, mientras que el segundo tiene una historia familiar de presuntos nexos con narcotraficantes en Zacatecas, y es muy cercano del vicecoordinador en el Congreso, Pedro Haces, que tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.
La semana pasada se publicó en este espacio una relación de políticos mexicanos cuyos nombres han aparecido en declaraciones en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, de los cuales únicamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que su nombre forme parte de las indagatorias.
Hay testimonios donde mencionan a funcionarios mexicanos durante los juicios de Joaquín El Chapo Guzmán —cuyos hijos Ovidio y Joaquín están negociando ser testigos cooperantes—, y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ya imputó abiertamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que los dos gobiernos tienen pruebas contra él, y a quien los fiscales estadounidenses insisten en que declare sobre la narcopolítica en México. Pero también hay declaraciones no judicializadas donde involucran a otros políticos encumbrados de haber recibido dinero de organizaciones como La Familia Michoacana y de Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, recientemente desterrado dentro del paquete de 29 criminales que le regaló Sheinbaum a Trump.
El gobierno de Estados Unidos tiene información suficiente para proceder contra varios políticos mexicanos, pero ha sido muy cuidadoso de no actuar para no generar un conflicto político con un vecino cuya estabilidad depende en amplias zonas del país del narcotráfico. Lo que no se había dado antes es buscar la cooperación del gobierno en turno, para que las investigaciones, detenciones y extradiciones sean parte de un acuerdo de cooperación bilateral.
Sheinbaum ha dicho reiteradamente que está dispuesta a colaborar siempre y cuando no existan acciones unilaterales, pero esta nueva iniciativa no estaba considerada en sus escenarios. La presidenta no tiene muchos espacios de maniobra y tampoco se sabe el alcance que podrían tener algunas detenciones de alto impacto sobre su gobierno, como en el hipotético caso de una captura de Rocha Moya, quien ha sido poco discreto en decir —sin que signifique que sea cierto— que contribuyó con varias decenas de millones de pesos en efectivo a la campaña presidencial. El gobernador, sin embargo, tiene la capacidad de incriminar a López Obrador por las sospechosas relaciones que tuvieron los dos con los líderes del Cártel de Sinaloa.
De llegar a formalizarse la petición de un acuerdo en esta materia a nivel de cancillerías, Sheinbaum estaría en un dilema, pero también ante una oportunidad. Podrían firmarlo e iniciar las investigaciones, que por su naturaleza tendrían que ser guardadas con todas las reservas. No habría un desgaste en esta etapa, y junto con las autoridades estadounidenses sabría hasta dónde están llegando y cómo procederían conjuntamente.
Siendo claros, si varios de los políticos bajo sospecha resultaran inculpados, le irían limpiando el camino de obstáculos para gobernar. Lo único que tendría que evaluar es que, por su naturaleza de ser un esfuerzo bilateral, no hay punto de retorno, aun si las pesquisas llegaran a terrenos que ella no quisiera pisar.
